Cabe resaltar que mediante la Resolución 386 de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación −CGN−, se incorporó el marco normativo para entidades del Gobierno, en el cual se define el tratamiento contable que deben aplicar los administradores de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales −Fonpet− y las entidades territoriales.
Por lo anterior, la CGN expidió la Resolución 428 de 2018, por la cual se incorpora al marco normativo de las entidades del Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los hechos económicos que hacen parte de la contabilidad del Fonpet.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-158049 del 12 de octubre de 2018, infiere que, ante la ocurrencia de infracciones cambiarias, es la Supersociedades quien debe aplicar el régimen sancionatorio, en los términos del artículo 82 de la ley 222 de 1995, donde se especifica que la misma ejercerá las funciones “relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo”, conforme al procedimiento establecido en el Decreto 1746 de 1991.
Según lo establecido en dicho decreto, las sanciones pueden ascender al 200 % del monto de la infracción cambiaria comprobada.
La Superfinanciera divulga el DTF pensional de septiembre de 2018 aplicable a los bonos pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 1299 de 1994. Cabe resaltar que para el cálculo del DTF se debe tener en cuenta la variación del índice de precios al consumidor –IPC–.
MinCIT dio a conocer el Decreto 1911 de 2018, por el cual se establecen los requisitos para la declaratoria y la pérdida de declaratoria de existencia de zonas francas permanentes en Cúcuta.
Dentro de los requisitos está que el usuario operador debe acreditar más de 80 hectáreas de extensión continúas excluidas las áreas de cesión y tener más de 40 usuarios al término de 10 años de declaratoria de la zona franca. Cabe resaltar que el presente decreto entrará en vigencia una vez transcurridos 15 días comunes contador a partir del día siguiente a su publicación en el diario oficial.
Mediante la presente norma, el Ministerio de Hacienda, Minhacienda, busca que en el proceso de selección de las administradoras del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales −Fonpet−, se puedan establecer diferentes modalidades de comisión que tengan en cuenta las practicas del mercado. Se requiere flexibilizar los mecanismos de pago de las comisiones.
Por lo anterior se efectúan modificaciones al Decreto 1068 de 2015, y se señala que el FONPET podrá constituir reservas para el pago de las comisiones que se establezcan en los contratos con las entidades administradoras de los recursos del Fondo, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, entre otras modificaciones.
El CTCP informa que la responsabilidad del revisor fiscal señalada en el Código de Comercio, en lo relacionado con la certificación de seguridad social, está ligada a las actividades de inspección, vigilancia y control de las autoridades de supervisión.
La Supersociedades dice que quien ostente la calidad de liquidador está posibilitado para “finiquitar aspectos inconclusos que por razones exógenas e involuntarias no se pudieron conocer dentro del proceso de liquidación voluntaria”. Esto, en armonía con lo dispuesto por la Superintendencia, quiere decir que el liquidador está facultado para llevar a cabo las gestiones procedimentales a favor de la sociedad que le permitan lograr la liquidación de la misma, entre ellas la cancelación de hipotecas. Todo lo anterior, sin desconocer el término de extensión de responsabilidad que le asiste como liquidador de la sociedad. Finalmente, si existe una hipoteca constituida a favor de la sociedad liquidada, se debe analizar si el liquidador incluyó la cuenta por cobrar, garantizada con hipoteca, como parte de los activos a liquidar o si lo hizo por pasivos.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que resulta razonable tener el auxilio de transporte intermunicipal como factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, dado que en este caso en particular ha sido establecido como un pago convencional habitual.
El CTCP concluye que el contador público de una entidad podrá ser elegido como revisor fiscal una vez transcurran 6 meses desde el momento de su renuncia.
Respondiendo a la consulta planteada en la presente doctrina, el CTCP reitera que dentro de las inhabilidades del contador público se encuentra la de tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad con alguna de las partes.