Mediante la presente doctrina, el CTCP reitera que los contadores públicos habilitados por la junta central de contadores son los únicos facultados para realizar auditorías financieras y contables.
Mediante la presente doctrina, se concluye que el contador público puede desarrollar cualquier actividad relacionada con la ciencia contable en Colombia, indistintamente de si la entidad es de nacionalidad colombiana o extranjera.
El CTCP reitera que un componente se puede separar de propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la materialidad, la vida útil y la necesidad de reemplazar las partes cada cierto tiempo.
En cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma, una vez cumplidos 3 años de permanencia, las entidades del grupo 2 que se vayan a cambiar al grupo 1, deben elaborar un nuevo ESFA y efectuar una vez más el proceso de conversión al nuevo marco técnico normativo.
El CTCP reitera que los contadores públicos deben haber tramitado su tarjeta profesional y estar inscritos ante la junta central de contadores para dar fe pública, emitir certificaciones sobre estados financieros y ejercer actividades relacionadas con la ciencia contable en general.
Con el propósito de dar seguridad jurídica a los contribuyentes, la Dian, mediante la presente resolución, precisa los requisitos y causales para conceder o retirar la calidad de gran contribuyente, así como el año gravable de la información para tener en cuenta al momento de la calificación, y los casos en que no es procedente otorgar esta última.
Cabe señalar que, según lo dispuesto en la presente norma, la calificación de gran contribuyente a que se refiere el artículo 562 del ET tendrá una vigencia de dos años fiscales, y no serán objeto de dicha calificación los asalariados, rentistas de capital, dependientes de terceros, los que tengan reportada la actividad económica 0082 en el RUT, y las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia. Finalmente, deroga las resoluciones 0027, 0059 y 0254 de 2014.
El CTCP reitera que en el artículo 203 del capítulo VIII del Código de Comercio se establece cuáles sociedades están obligadas a tener revisor fiscal. En el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 se identifican otras circunstancias que conllevan a que una entidad esté obligada a contratar un profesional en la materia.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-156768 del 10 de octubre de 2018 infiere que, en cuanto a responsabilidades, mientras el mandatario no exceda los términos del mandato, no se compromete a nombre propio, sino que compromete directamente a la sociedad y será esta última quien deberá responder ante los socios y terceros por los resultados de la gestión.
Por otra parte, el representante legal responderá solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los socios o a terceros, salvo que no haya tenido conocimiento de la acción u omisión.
El CTCP trae a colación lo planteado en el Concepto 289 de 2017, donde concluye que no existe impedimento para que el auditor externo de una compañía pueda ejercer como revisor de la misma en un periodo posterior.
El CTCP informa que, bajo los marcos técnicos normativos actuales, no se cuenta con un único plan o catálogo de cuentas.