La Sala Laboral concluyó que, tratándose de los factores salariales a considerar para efectos de liquidar prestaciones sociales o para establecer el ingreso base de liquidación de pensiones de orden extralegal, el término devengado ha sido entendido como sinónimo de causado.
La Dian en compañía del Ministerio de Cultura, dieron a conocer el Concepto 001 de 2018, por el cual efectúa modificaciones al concepto 001 de 2012, en lo relacionado con la liquidación, declaración y pago de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en los siguientes aspectos; la base gravable, los responsables de declarar y pagar la contribución parafiscal cultural, la causación y la tarifa de retención de la contribución parafiscal cultural, tratamiento de las cortesías, tratamiento de la boletería que incluya bienes o servicios distintos al derecho de asistencia al espectáculo público de las artes escénicas, entre otros.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 126 y en el numeral 7 del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia informó, mediante la Carta Circular 64 del 9 de octubre de 2018, los valores reajustados (con base en el índice anual promedio de precios para empleados suministrado por el Dane entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018) de los siguientes beneficios:
1.El de inembargabilidad de las sumas depositadas en la sección de ahorros y en depósitos electrónicos
2. El de las sumas consignadas en cuentas bancarias, y dineros representados en CDT o cheques de gerencia que pueden ser entregados directamente al cónyuge sobreviviente, compañero (a) permanente, herederos, o a uno u otros conjuntamente.
Finalmente, en materia tributaria el beneficio de inembargabilidad solo aplica para una cuenta de la persona natural, pues el artículo 837-1 del ET señala que el límite de inembargabilidad es de 25 smmlv, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.
El alcance de la Ley 1386 de 2010 implica que las entidades territoriales están legalmente impedidas para suscribir cualquier tipo de contrato en el que se deleguen la administración, fiscalización, liquidación e imposición de sanciones de los tributos por ellas administrados en cualquier tercero.
La Superintendencia Financiera, mediante la Circular Externa 022 de 2018, por la cual se decreta el mecanismo y las reglas especiales respecto del cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo. Dichas reglas permitirán que las entidades vigiladas cuenten con medidas, controles y sistemas de información necesarios para atender los mandatos judiciales y administrativos de manera oportuna.
Esta norma obliga a las entidades vigiladas por la entidad en mención a ajustar sus sistemas de administración de riesgo operativo –Saro– a las nuevas instrucciones de colaboración en materia de órdenes de embargo.
El CTCP concluye que, una vez aprobada y realizada la fusión, deben incorporarse los activos, pasivos y patrimonio de la anterior entidad a la nueva, sin incorporar las cuentas de resultados de la entidad que desaparece. Por lo anterior, las nuevas operaciones serían incorporadas en el estado de resultados a partir de la fusión.
Con el fin de incorporar reglas especiales respecto del cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo que le permita a las entidades crediticias contar con las medidas, controles y sistemas de información necesarios para atender los mandatos judiciales y administrativos de forma completa, oportuna y conforme al procedimiento establecido en la ley, la Superfinanciera dio a conocer la Circular Externa 022 de 2018. Por medio de la circular mencionada, la entidad pretende impartir algunas instrucciones, dentro de las cuales está que las empresas deben conservar los archivos relacionados con los mandatos judiciales y administrativos conforme al artículo 96 del EOSF y también que el recurso humano responsable de la atención a las órdenes de embargo debe ser capacitado permanentemente respecto a la normatividad y el procedimiento aplicable en cada caso.
El Ministerio del Trabajo dio a conocer la Resolución 4386 de 2018, por la cual se crea el Rutec. Este tiene como finalidad obtener información de la inmigración de trabajadores, como insumo para la construcción de la política migratoria laboral.
En la norma se estipula que la inscripción en el Rutec deberá realizarse en un plazo no mayor a 120 días calendario, siguientes a la celebración del contrato o desde la vinculación del trabajador.
Cabe resaltar que la norma será de obligatorio cumplimiento para todas las empresas tanto del sector público como privado, que contraten personas extranjeras.
Mediante la presente doctrina, la Dian busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la manera correcta de aplicar el artículo 73 del ET en caso de un bien adquirido por varias personas en el año 1983 que con posterioridad es adquirido en su totalidad por uno de los propietarios, quien finalmente lo enajena?
Por lo anterior, la entidad en mención trae a colación el artículo 73 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.17.21 del Decreto 1625 de 2016, recordando así que los métodos alternativos para la obtención del costo fiscal de los bienes inmuebles se encuentran estipulados en los artículos 72 y 73 del ET y estos deben ser examinados por cada contribuyente. Finalmente se concluye que el costo fiscal puede obtenerse de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo.
En lo relacionado con las notas crédito que el obligado a expedir factura electrónica debe entregar a la Dian, debe considerar los conceptos señalados en el anexo técnico 0001-V2 de la Resolución 000019 de 2016, teniendo en cuenta que en la categoría “otros” se incluirán las notas crédito que correspondan a “resoluciones”.