Mediante el oficio en cuestión, la Supersociedades señaló que salvo la prohibición de la que trata el artículo 473 del Código de Comercio, una sociedad por acciones colombiana puede tener uno o más representantes extranjeros y no domiciliados en Colombia. Le corresponde al máximo órgano social de la compañía, no obstante, evaluar la conveniencia de que los administradores no se encuentren domiciliados en el territorio nacional.
También se infiere que el o los representantes legales de nacionalidad extranjera, se encuentran obligados a cumplir la ley laboral, la ley de contratación, la ley comercial y la ley migratoria.
La presente circular va dirigida a los grupos de interés y la comunidad en general, aclarándoles el alcance y las competencias para consultores, asesores e investigadores acreditados por la entidad.
Por otra parte, en la presente se indica que las empresas de vigilancia, las cooperativas de vigilancia y seguridad privada con servicio conexo de consultoría, asesoría e investigación; las empresas consultoras, asesoras investigadoras de seguridad privada, a través de los administradores, contadores, y/o revisor fiscal deberán reportar a la superintendencia, si lo advierten, que se están efectuando prácticas por fuera del entorno legal. Lo anterior, so pena de dar traslado a la Junta Central de Contadores y la jurisdicción penal, de acuerdo con su competencia
Las copropiedades clasificadas en el grupo 3 no están obligadas a aplicar las NIIF, pero sí a aplicar el Marco técnico de principios de contabilidad simplificados, contenido en el anexo tres del Decreto 2420 de 2015 y posteriores modificaciones
El CTCP reitera que el IASB emitía el libro ro, el libro verde y el libro azul, pero a partir del año 2018 desapareció el libro verde.
Los recursos que forman parte del fondo de protección solidaria Soldicom deben reconocerse como un ingreso, ya que aumentan el valor de los activos que dan como resultado un incremento en el patrimonio de dicha entidad.
Cuando se trate de un error contable, se debe analizar si dicho error es material o inmaterial; en caso de que sea inmaterial debe realizarse una reexpresión retroactiva de las cifras comparativas en los estados financieros, según lo establecido en la sección 10 de la NIIF para Pymes
El CTCP infiere que las entidades del grupo 2 que en el 2018 cumplan los requisitos para clasificarse en el grupo 1, deberán elaborar sus primeros estados financieros bajo NIIF plenas al cierre de diciembre 31 de 2020, iniciando la transición el 1 de enero de 2019.
La Circular Externa 068 de 2017, recordó que el Permiso especial de permanencia –PEP–, junto con el pasaporte o el documento nacional de identificación, tienen plena validez como identificación. Por lo anterior, dicha documentación debe ser admitida por las entidades supervisadas en Colombia, para que los nacionales venezolanos contraten o abran servicios financieros en el territorio.
En consecuencia, y en vista de que el número de nacionales venezolanos que cuentan con el PEP ha ido aumentando en los últimos meses, la Superfinanciera se vio en la necesidad de emitir la Carta Circular 060 de 2018, por la cual le reitera a los representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento y contralor normativo de entidades supervisadas, que deberán admitir el PEP como documento de identificación legítimo en los tramites de su competencia, sin perjuicio del deber que les corresponde en cuanto a efectuar una correcta administración de los sistemas de administración de riesgos a los que se encuentran obligados.
Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio al 1 de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores el patrimonio poseído a nivel mundial.
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 14 de 1983 y el Decreto de Ley 1333 de 1986, modificadas recientemente por la Ley 1819 de 2016, se establece que el impuesto de industria y comercio grava la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios en cada jurisdicción municipal.
Para efectos de la liquidación del impuesto de industria y comercio, se debe definir lo que se entiende por actividad de servicios. El artículo 345 de la Ley 1819 de 2016 indica que dicha actividad comprende todas aquellas obligaciones de hacer a cargo de personas naturales o jurídicas, o sociedades de hecho y demás sujetos pasivos, sin la exigencia de relación laboral con el contratante, pero que generen contraprestación en dinero o especie.
En este orden de ideas, dicha definición permite a los municipios gravar todos los servicios prestados por personas naturales, incluidos los que se ejecutan en ejercicio de una profesión.