La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-088 de 2018 concluyó que, la asignación a cargo de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, de la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público resulta acorde con los principios de eficiencia tributaria y solidaridad.
Le correspondió a la corte determinar si la norma que permite imponer a las empresas de energía eléctrica domiciliaria la actividad de recaudo del impuesto de alumbrado público, sin contraprestación, era contraria a la libertad de empresa y a la justicia y equidad bajo las cuales se debe contribuir al financiamiento de los gastos del estado. Finalmente se infirió que por razones de eficiencia tributaria y en virtud del principio de solidaridad, el legislador puede imponer cargas administrativas a ciertos particulares, relativas a la retención y recaudo de impuestos, a partir de su posición clave en la generación o recolección del tributo.
Para expedir las certificaciones relacionadas con las Mipymes, se deberán considerar las instrucciones impartidas por la entidad que solicita la certificación, la cual deberá estar fundamentada en las normas legales y reglamentarias.
El CTCP reitera que el impuesto a la riqueza debe ser reconocido en su totalidad al inicio, el correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se registra como un pasivo en el año 2015 para las entidades del grupo 1, y en el año 2016 para las entidades del grupo 2.
El artículo 155 del Código de Comercio establece que “Salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que representen, cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión.”.
Por lo anterior, la Supersociedades concluye que lo dispuesto en dicho artículo no aplica para sociedades por acciones simplificadas —SAS —, salvo que en los estatutos de la sociedad se disponga lo contrario, pues los estatutos de las sociedades diferentes a las SAS únicamente pueden establecer mayorías decisorias superiores al 78 % de las acciones representadas y presentes en la reunión como mayorías para la distribución de utilidades.
A su vez y como lo establece la Supersociedades, el 78% de las acciones solo se requerirá cuando se pretenda distribuir utilidades liquidadas por encima del 50 % de las decretadas.
La Contaduría General de la Nación dio a conocer la Resolución 0349 de 2018, mediante la cual se fija el procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzca el cambio de representante legal en las entidades sujetas al ámbito de aplicación del régimen de contabilidad pública.
Cabe resaltar que, mediante el Concepto unificado 912 de 2018, modificado por el Concepto 915 de 2018, la Dian da respuesta a 40 preguntas a lo relacionado con el impuesto a la renta y las retenciones en la fuente de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes y no residentes.
Con la presente doctrina se adicionan dos preguntas al título I, donde la Dian se pronuncia frente a las personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad y que utilicen la cédula de rentas no laborales, así como sobre la compensación de pérdidas fiscales de los años 2016 y anteriores.
En el título II, por su parte, se adicionan dos preguntas y respuestas respecto a las personas naturales que deben actuar como agentes de retención sobre las rentas de trabajo y la aplicación de los diferentes métodos de retención en un mismo año gravable para los pagos por salarios que se realicen a un mismo trabajador.
La Dian reitera que las donaciones realizadas por una entidad del régimen tributario especial –RTE– no se pueden tratar como egreso, en consideración a lo señalado en el artículo 257 del ET, el cual establece que todas las donaciones se tratarán como descuento tributario.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las entidades del grupo 2 no pueden aplicar una norma del grupo 1, salvo que no exista norma y se aplique la jerarquía normativa prevista en la Sección 10 de la NIIF para Pymes.
Según lo establecido por la Supersociedades en la presente doctrina, las sucursales de sociedades extranjeras, sujetas o no la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades no requieren autorización para realizar la disminución de la inversión suplementaria, pues esta no hace parte del capital asignado.
Cabe resaltar que la protección a los acreedores, en especial respecto a las obligaciones laborales, se refiere a la prohibición de que trata el parágrafo del artículo 2 del Decreto 2300 del 2008, la cual ordena que no podrán efectuar dicha disminución en los eventos en que el capital asignado a la sucursal disminuya en un 50 % o más. Por lo anterior, no es jurídicamente viable atribuirse competencia para exigir a los administrados solicitar autorizaciones en los casos en que las sucursales de sociedades extranjeras pretendan disminuir la inversión suplementaria al capital asignado, con fundamento en el artículo 145 del Código de Comercio.
El CTCP concluye que, en el reconocimiento de compras para terceros en una asociación, cuando el asociado compra y la asociación paga, se registra cuentas por cobrar al asociado y cuentas por pagar al proveedor de los bienes y servicios.