La Supersociedades, mediante el presente oficio, se refirió a los derechos que adquieren las empresas absorbentes en procesos de fusión, como lo es la trasmisión de experiencia de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente.
Por lo anterior, la Supersociedades concluye que la fusión implica una concentración de empresas, con el fin de obtener un fortalecimiento económico y la unión de fuerzas que se involucran en la sociedad absorbente, en aras de hacerla más competitiva y fuerte en el mercado. Le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, puesto que esta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad.

La Corte Constitucional afirmó que el tipo de vinculación laboral no ha sido un obstáculo para conceder la protección de estabilidad laboral reforzada, y aceptó que la misma procede en contratos de prestación de servicios independientes.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 27 de julio de 2018 la Resolución 0954 de 2018, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2018, para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 19,94 %, evidenciándose así una disminución significativa de 0,09 % en relación con la certificación del período anterior, y siendo la tasa de usura para el mismo de 29,91 %.
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 29,91 % EA para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Para efectos tributarios, es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante el mes de agosto de 2018 es de 27,91 %.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que se deben incluir en los estados financieros y en las notas la información necesaria sobre los costos de los préstamos incurridos durante el período.

El CTCP se pronuncia frente a la aplicación de la NIIF 16, para lo cual concluye que el arrendador debe clasificar sus arrendamientos como operativos o financieros, teniendo en cuenta la esencia del contrato de arrendamiento.

El Gobierno sancionó la presente ley, con la cual se autoriza legalmente a las cajas de compensación familiar para modificar por un período de 5 años la destinación de un porcentaje del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante –Fosfec–, para que puedan usar dichos recursos para el saneamiento de pasivos en salud; precisando que los recursos y sus rendimientos serán operados la Adres.
Se espera que, con la presente norma, las cajas de compensación familiar con servicios de salud en los regímenes subsidiado y contributivo puedan enervar las dificultades, que no le permiten cumplir con los estándares de habilitación financiera del Decreto 2702 de 2014.
Cabe resaltar que la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia de Salud deberán presentar los primeros 10 días de cada legislatura, un informe sobre el uso de los recursos del Fosfec para el saneamiento de pasivos de las cajas de compensación familiar.

La Supersociedades, mediante el Oficio 220-114429 de 2018 indicó que, una vez admitidas al proceso de reorganización, las sociedades conservan la capacidad jurídica de continuar desarrollando su objeto social, incluidos los actos directamente relacionados y aquellos cuya finalidad sea cumplir obligaciones derivadas de su existencia y actividad.
Por consiguiente, las medidas cautelares deben ser expresamente decretadas por el juez del proceso de reorganización, aunque pueden cobijar toda clase de bienes, los cuales deben ser sometidos a la evaluación de procedencia a través de un juicio de proporcionalidad. Por lo anterior, las medidas cautelares no operan automáticamente si en el auto que admite a la sociedad al proceso de insolvencia el juez del concurso no ordena el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad.

Con la presente doctrina, la Dian revoca los conceptos 0057 de 2018, 7308 y 0724 de 2018, así como las preguntas 1 y 2 del Concepto 2013 del mismo año; normas en las que se habían presentado interpretaciones de los parágrafos 1 y 2 del artículo 771-5 del ET, en los cuales se encuentra regulado el proceso de bancarización.
Una de las aclaraciones emitidas en el Concepto 19439 de 2018 hace alusión a la frase: “el 85% de lo pagado”, de la cual la Dian concluye, entre otras aclaraciones, que esta última debe entenderse como el 85% de todos los pagos por concepto de costos, gastos y pasivos realizados durante el año fiscal por parte del contribuyente, y sin importar el medio de pago.

Mediante la presente norma, el gobierno nacional busca incentivar a las empresas para que entreguen información de los trabajadores, para la fijación de la cuota mínima de aprendices del Sena.
Por lo anterior, y gracias al Decreto 1334 de 2018 el empleador se encuentra habilitado para presentar ante el Sena la información de la variación del número de empleados en los períodos comprendidos entre julio y enero, o mazo y septiembre. De igual manera, al empleador le es permitido aumentar voluntariamente el número de aprendices, siempre y cuando no se haya reducido el número de empleados de la empresa en los últimos 3 meses antes de la solicitud, y no se reduzca la nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje, en las siguientes proporciones:
Empresas entre 15 y 50 empleados: hasta el 40% del número total de empleados de la respectiva empresa.
Empresas entre 51 y 200 empleados: hasta el 30% del número total de empleados de la respectiva empresa.
Empresas con más de 200 empleados: hasta el 20% del número total de empleados de la respectiva empresa.

El Ministerio de Salud y Protección Social identifica la necesidad de regular el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad por parte de las EPS, el momento de calificación definitiva y las situaciones de abuso del derecho que generen la suspensión del pago de dichas incapacidades que superen los 540 días continuos.
Por lo anterior, se emite el Decreto 1333 de 2018, por el cual se reglamenta el procedimiento de revisiones periódicas de las incapacidades por enfermedad general de origen común por parte de las EPS y, a su vez, se regula el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a 540 días por parte de las EPS en tres casos: cuando haya un concepto favorable de rehabilitación, cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad que originó la incapacidad, y por último, cuando se haga necesario prolongar el tiempo de recuperación.