La Junta Central de Contadores y la Contaduría General de la Nación, con el propósito de prevenir el ejercicio ilegal de la profesión de la contaduría pública en el sector público, han trabajado conjuntamente en la verificación de la información para garantizar que los contadores públicos, auditores y revisores fiscales se encuentren inscritos ante la JCC.
Por lo anterior, y mediante la presente circular, la JCC da a conocer a las entidades y organismos del Estado en todos sus órdenes y niveles, y a las entidades privadas en ejercicio de funciones públicas, cómo validar la inscripción profesional del contador público, o el registro profesional de entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, las cuales deben ser observadas al momento de contratar sus servicios.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó que el trámite de cobro coactivo implica la preexistencia de un acto administrativo ejecutoriado que imponga la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley, a favor de la nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público.
Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que, contra el mandamiento de pago proceden 7 excepciones, dentro de las cuales la última corresponde a “la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, por lo cual esta impide adelantar el cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento tributario reconoce como títulos ejecutivos.

A través de la Resolución 000040 del 30 de junio de 2018, la Dian estableció el procedimiento que deben seguir los contribuyentes del impuesto de renta obligados a presentar la declaración informativa de precios de transferencia por el año gravable 2017 o la fracción del año gravable 2018, conforme a lo establecido en el artículo 260-9 del ET, en concordancia con los artículos 1.2.2.1.2., 1.2.2.3.1 y 1.2.2.3.3 del Decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016. Para satisfacer esta obligación, utilizando los servicios informáticos electrónicos de la Dian, el contribuyente deberá presentar la información contenida en la hoja 2 del formulario 120, previamente cargada en el prevalidador diseñado para tal fin, haciendo uso del instrumento de firma electrónica. Luego, deberá diligenciar, firmar y presentar virtualmente la hoja principal de la declaración informativa de precios de transferencia, igualmente utilizando el instrumento de firma electrónica. En caso de sanciones, el obligado podrá diligenciar el recibo oficial de pago de impuestos nacionales, para realizar la cancelación de las mismas.

Por el cual se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Mediante la presente doctrina la Dian adiciona el Concepto Unificado de las ECE en lo relacionado con las rentas pasivas, concluyendo que los activos que generarían este tipo de rentas son aquellos que generen cada uno de los ingresos mencionados en el artículo 884 del ET.

El componente extranjero, originario de un país que cuente con un TLC vigente con Colombia, hace parte de la base gravable del IVA en la importación de la zona franca, a menos que la operación se ejecute en una zona franca declarada antes del 31 de diciembre de 2012.

Mediante el presente concepto, el CTCP reitera que la elección del revisor fiscal es una función propia de la asamblea general de copropietarios y no es delegable a otras dependencias de la copropiedad, por ejemplo, el consejo de administración.

La República de Colombia y la Unión Europea –UE– deseaban fijar las condiciones generales relativas a la participación de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la UE, mediante un acuerdo por el que se creara un marco para dicha participación.
Por lo anterior, el Gobierno sancionó la Ley 1928 de 2018, por la cual se aprueba el acuerdo entre la UE y Colombia en el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la UE.

El Gobierno sancionó la presente ley, que nace de la necesidad de una cooperación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los legítimos intereses en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información.
A su vez, dicho convenio resulta necesario para prevenir a los ciudadanos en temas que atañen a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas redes y datos, así como el abuso de dichos sistemas y la tipificación de delitos, con la finalidad de facilitar su detección e investigación a nivel nacional e internacional.

La Dian emite el Concepto 0915 de julio 23 de 2018, por el cual modifica el concepto general unificado del impuesto sobre la renta de personas naturales.
A través de la doctrina en mención, la Dian modifica dos respuestas del título I, en relación con el impuesto de renta de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas, específicamente en cuanto a la realización de las cesantías. A su vez, modifica una respuesta del título III en lo relacionado con la tributación en renta de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas no residentes.
Cabe resaltar que la Dian precisa cuándo se entiende realizado el ingreso por concepto de auxilio de cesantías del trabajador para efectos tributarios, en el caso de los pertenecientes al régimen tradicional y los del régimen especial. De igual manera, se infiere que una persona natural en condición de residente o no residente no tendrá que declarar renta cuando sus ingresos sean inferiores a 1400 UVT y el patrimonio bruto no exceda las 4500 UVT.