Con el presente decreto, se reglamenta el pago de la cotización, mes vencido, al Sistema de Seguridad Social, así como la retención de los aportes a quienes celebren un contrato de prestación de servicios personales. Por lo anterior los contratantes de trabajadores independientes cuya relación se configure a través de un contrato de prestación de servicios personales, deberán al momento del pago, efectuar la retención y giro de los aportes a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes –PILA–. La suma a retener por los contratantes públicos y privados será la que resulte de aplicar al Ingreso Base de Cotización –IBC– los porcentajes definidos en las normas vigentes para salud, pensiones y riesgos laborales. También es responsabilidad del contratante que está realizando la retención, reportar a través del mecanismo de recaudo PILA las novedades de inicio, suspensión o terminación del contrato y las demás que afecten el recaudo.
Cabe resaltar que el ingreso base de cotización del trabajador corresponde mínimo al 40 % del valor mensual de cada contrato y máximo a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Dian emite el Concepto unificado 0912 de julio 19 de 2018, por el cual revoca todas las anteriores doctrinas sobre los temas analizados en la presente normatividad.
A través de la doctrina en mención, la cual consta de 58 páginas, la Dian da respuesta a 40 preguntas a lo relacionado con el impuesto a la renta y las retenciones en la fuente de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas residentes y no residentes.
El Documento se encuentra dividido por títulos: en el título I (páginas 5 a 42), la Dian da respuesta a 28 preguntas en relación con el impuesto de renta de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas; en los títulos II y III (páginas 42 a 58), por su parte, se responden 12 preguntas relacionadas con la retención en la fuente que se practicaría sobre ingresos percibidos por las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas; también, sobre la tributación en renta de las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas no residentes.
La Superintendencia Financiera de Colombia informa la relación de inversiones que los establecimientos de crédito deben realizar en títulos de desarrollo agropecuario clases “A” y “B” para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2018.
El Ministerio de Minas y Energía emitió el Decreto 1262 de 2018, por el cual se modifica el inciso cuarto del artículo 2.2.6.2.7., capítulo 2 del título VI de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1073 de 2015 único reglamentario del sector administrativo de minas y energía.
Dicho artículo quedará de la siguiente manera:
“Artículo 2.2.6.2.7.
(…)
Dicho factor multiplicador depende del nivel internacional de precios del petróleo crudo, que variará en función de un rango que tomará como valor mínimo y máximo aquellos que sean fijados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía. En caso de que el precio promedio BRENT sea inferior al valor mínimo del rango o sea superior al valor máximo del rango, de acuerdo con los valores que anualmente determine el Ministerio de Minas y Energía, dicho factor será igual a cero (O).
Para los proyectos de más de un (1) año de ejecución, el rango de precios fijado para obtener el factor multiplicador será el mismo que se usó en la distribución inicial de CERT del año en que fueron presentados.”
La Supersociedades mediante la Resolución 100-002657 de 2016, estableció los criterios que deben ser tenidos en cuenta por las sociedades para determinar si deben adoptar un programa de ética empresarial. Con el propósito de dar claridad sobre los criterios antes mencionados, se emite la resolución 200-000558 de 2018, en la cual además se precisa la fecha a partir de la cual las sociedades deben acatar la obligación de adoptar dicho programa.
En la presente norma se estipula que estarán obligadas a tener un programa de ética empresarial, las sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado de manera habitual, negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, siempre y cuando se cumplan otras condiciones.
Finalmente, si a 31 de diciembre la sociedad cumple con los criterios establecidos en la presente norma, tendrá plazo hasta el 30 de junio del siguiente año para adoptar el programa de ética.
El CTCP reitera que los contadores públicos que dentro de su objeto social se encuentre la prestación de servicios de aseguramiento, deberán aplicar de manera obligatoria la Norma Internacional de Control de Calidad –NICC–1.
El Gobierno sancionó la Ley 1924 de 2018, por la cual se autoriza a la nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) para capitalizar al Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A por $92.835.000.000; dicha capitalización se realizará en dos vigencias: hasta $61.000.000.000 en la vigencia 2018, y hasta $31.835.000.000 en la vigencia 2019.
Por lo anterior, la nación recibirá, a cambio de dicha capitalización, el número de acciones ordinarias al valor nominal que tengan en los respectivos estatutos. Cabe resaltar que la capitalización en mención será destinada exclusivamente a la compra de aeronaves.
La Dian reitera que el artículo 115-1 del ET dispone condiciones adicionales para la deducción de los aportes parafiscales, al igual que para los impuestos de que trata el artículo 115 ibídem.
El Ministerio de Trabajo, mediante la presente doctrina establece que, aunque en la normativa no se encuentra estipulada la obligacion de conceder permiso remunerado para que el trabajador asista a las citas medicas dentro del horario laboral, tampoco es viable solicitar su reposición en tiempo de trabajo.
Modificación en las plantas de cargos docentes y directivos