Mediante la Sentencia 20607 de 2018, el Consejo de Estado reitera que el hecho de que mediante ley se ordene efectuar la retención en la fuente al momento de pago o abono en cuenta, no faculta a los contribuyentes para que elijan el período en que pueden deducirlas del impuesto sobre la renta, ya que estas solo se pueden detraer en el período en el que se incluya el ingreso del cual se derive.
Puesto que, aunque en los artículos 365 a 367 del ET se establece que dicha retención se efectúa sobre pagos o abonos en cuenta, ello no afecta el criterio de la anualidad respecto al impuesto de renta y la determinación del pago del impuesto por cada año gravable.
La tasa de inspección y vigilancia fue reglamentada mediante la Ley 488 de 1998, por la cual se estableció, que las entidades de derecho público o privadas y las entidades sin ánimo de lucro cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la Superintendencia respecto de tales entidades.
Cabe resaltar que se encuentran exoneradas del pago de dicha tasa, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–, las beneficencias y loterías, los hospitales universitarios, las empresas sociales del Estado y las instituciones prestadoras de servicios de salud que se encuentren acreditados en los términos del Decreto 903 de 2014. El gobierno nacional estableció en 30.400 millones de pesos los costos de inspección y vigilancia para la vigencia fiscal 2018.
El Gobierno sancionó la Ley 1923 de 2018, por la cual se regulan los programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos del fondo de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías, previstos en el parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política.
En la presente norma se imparten los lineamientos para la presentación de los programas y proyectos, las convocatorias y la ejecución de los mismos, con el fin de optimizar recursos y garantizar el máximo aprovechamiento por parte de la comunidad.
La Dian se refiere a la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente cuando el agente retenedor posee saldos a favor para realizar compensación.
La Dian concluye que, Las bebidas preparadas están gravadas con el impuesto al consumo, sea que se consuman en el lugar o sea que se lleven por el comprador o a domicilio. Así mismo este impuesto recae sobre el servicio de expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas o discotecas.
La Dian deja en firme la Resolución 000038 de julio 17 de 2018, “Por medio de la cual se establece el procedimiento para la presentación del informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria y se adoptan el contenido y las especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, correspondiente al año gravable 2017 o la fracción de año gravable 2018”.
Mediante la norma en mención, la Dian estable el procedimiento, contenido y características técnicas para la presentación de los informes local y maestro de la documentación comprobatoria para los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que no existe impedimento expreso en el que se prohíba a un miembro del consejo de administración de una propiedad horizontal ser simultáneamente el contador.
La Supersociedades emitió la Resolución 514-000549 de 2018, por la cual hace oficial el monto de la contribución del año en curso, a cargo de las sociedades vigiladas y controladas que se encuentren en condiciones normales de operación, así como aquellas que se encuentren en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
Por lo anterior, dichas entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Supersociedades deberán pagar 14 centavos por cada $1.000 en activos, lo cual implica una disminución de 8,9 % frente a lo que se desembolsaba el año pasado, cuando la contribución era de 15,37 centavos por cada $1.000 de activos totales.
Por otro lado, en la presente normatividad se estipula que las sociedades sometidas al régimen de insolvencia deberán pagar la tarifa mínima, la cual equivale a un salario mínimo legal vigente ($781.242).
El CTCP recomienda a los contadores públicos que, cuando suscriban los informes financieros de propósito general, no solo los firmen, sino que, además, efectúen una declaración adicional en la que se indique de manera expresa que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la forma de entregar las facturas de servicios públicos domiciliarios será la que se determine por las partes en los contratos de condiciones uniformes o en sus modificaciones, existiendo la posibilidad de que se facture electrónicamente.