El Gobierno sancionó la presente ley, por la cual se busca crear el Sistema Nacional de Residencias Médicas en Colombia, mediante el cual se garanticen las condiciones adecuadas para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que cursan programas académicos de especialización médico-quirúrgica. De igual manera, se define el mecanismo de financiación, y se establecen medidas de fortalecimiento para los escenarios de prácticas del área de la salud.
Cabe resaltar que, mediante la presente ley, se establece que el valor de las matrículas no podrá exceder los costos administrativos de las instituciones de educación superior y, a su vez, se elimina el cobro por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud para permitir la rotación de residentes en sus instalaciones. Finalmente, se instauran sanciones a las entidades públicas o privadas que no cumplan con el pago a los residentes.

El Gobierno sancionó la presente ley, por la cual se busca mejorar las condiciones laborales del personal de vigilancia y seguridad privada. Dentro del contenido de la “Ley de los vigilantes” se destacan disposiciones relacionadas con el seguro de vida, las jornadas de trabajo, remuneración, profesionalización y vinculación de mujeres, personas mayores o en condición de discapacidad, entre otras.
Cabe resaltar que, mediante la presente ley, se proclama al 26 de noviembre como el Día Nacional de la Vigilancia y la Seguridad Privada, se dispone lo concerniente al certificado de aptitud sicofísica para el porte de armas de fuego, y se definen los incentivos para la profesionalización de esta actividad, entre otras.

El CTCP concluye que no existe inhabilidad para que un miembro de la junta directiva de una fundación sea, simultáneamente, el contador y tesorero de la misma. Lo anterior puede generar conflicto de intereses y verse afecta la objetividad con la que fue elaborada la información.

El CTCP reitera que no existe normatividad que prohíba que los soportes y comprobantes contables puedan ser impresos en papel reciclado. No obstante, la entidad debe asegurar que dichos documentos puedan ser reproducidos por otros medios, conforme a lo establecido en el Código de Comercio.

La Dian, mediante la presente doctrina se pronuncia frente al tratamiento tributario de los productos químicos básicos para fabricar plásticos. Por lo anterior, trae a colación el Oficio 015234 del 13-06-2018, en el cual ya realizó una pronunciación al respecto.

to: El CTCP reitera que los sindicatos, las federaciones y confederaciones sindicales están obligadas a llevar contabilidad bajo las normas de información financiera vigentes.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitera que la Ley 1700 del 27 de diciembre de 2013 reglamentó la actividad de comercialización en red o mercadeo multinivel. A su vez, prohíbe que se desarrollen ciertas actividades comerciales a través de la modalidad multinivel, como lo son: “(i) servicios o productos cuya prestación constituya la actividad principal de cualquiera de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, la (ii) venta o colocación de valores, incluyendo todos aquellos “mediante los cuales se capten recursos del público”, respecto de los cuales “primará la realidad económica sobre la forma jurídica al determinar si cualquier instrumento, contrato, bien o servicio que se ofrezca mediante actividades multinivel es, o no, un valor de naturaleza negociable” y los (iii) servicios relacionados con la promoción y la negociación de valores.”
Igualmente, hace alusión a la definición y manejo del bitcoin como moneda virtual, a la vez que advierte que la junta directiva del banco de la república y la superintendencia financiera han afirmado que las entidades vigiladas no tienen autorización para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco para permitir el uso de sus plataformas con el fin de realizar operaciones con monedas virtuales.

En virtud de lo establecido en los artículos 82 al 85 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales.
Por lo anterior, toda sociedad operadora de libranza está sometida, como mínimo, a la inspección de la Supersociedades, lo cual implica la remisión de información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa o sobre operaciones específicas de la misma, sin que pueda inferirse que dicha sociedad presenta irregularidades en su administración u operación.

La Supersociedades, mediante el presente oficio, se pronuncia frente a la terminación de los acuerdos de reestructuración y el cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado.
Por lo anterior, la Supersociedades reitera que el artículo 35 de la Ley 550 de 1999 determina los eventos o causales y procedimientos para que la terminación del acuerdo de reestructuración de una sociedad pueda operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Por otra parte, la Supersociedades se pronunció, estableciendo que, “frente al cumplimiento de un fallo de tutela debidamente ejecutoriado, será necesario poner en conocimiento del nominador del acuerdo, los pormenores por los cuales al parecer no se ha cumplido con las órdenes impartidas por el fallo de tutela, sin perder de vista la prelación del crédito, lo que determina el orden de pago de

El CTCP reitera que un revisor fiscal nombrado en la vigencia 2018 no puede dictaminar estados financieros de la vigencia 2017, ya que en cumplimiento de las funciones de fiscalización el profesional se verá comprometido con situaciones que en la actualidad no podría validar.