El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que en la Ley 43 de 1990 se encuentran estipuladas las responsabilidades del contador público.
La exención de IVA para servicios turísticos aplica al sujeto que recibe el servicio, es decir, aquellos que son prestados a residentes en el exterior que ingresen al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en Colombia, independientemente del medio por el cual se realice el pago del servicio objeto de la exención, el cual puede ser de manera directa por el no residente o a través de las agencias que venden el paquete turístico.
En la presente también se trae a colación el artículo 114-1 del ET, del cual se concluye que para que un patrimonio autónomo se encuentre exonerado del pago de aportes parafiscales, los miembros que lo conforman deben estar, entre otras disposiciones, exonerados de manera individual de dichos pagos.
El CTCP reitera que en el caso de una fusión por absorción, los estados financieros de la empresa extranjera deben estar firmados por un contador público independiente del país de origen y no se requiere que estén apostillados.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante el presente concepto, reitera que la Orientación técnica n.° 15 aborda lo relacionado al tratamiento contable de las cuentas por cobrar y los intereses de mora en propiedades horizontales –PH–.
La Ley 1868 de 2017 tiene por objetivo que el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, rinda informe anual sobre los impactos del TLC; por lo anterior, mediante el presente decreto se adiciona el capítulo 6 al título 3, de la parte 2, libro 2 del Decreto 1074 de 2015, en el cual se determina que dentro del primer trimestre de cada año dichos ministerios deben elaborar un informe anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales ratificados por Colombia.
Hasta el 1 de julio de cada año, Minhacienda y MinCIT tendrán plazo para consultar las inquietudes que presenten los representantes del sector privado sobre el informe, para elaborar con dicha información un acta que hará parte integral del informe definitivo que será presentado a las secretarías del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
La Supersociedades, mediante el presente oficio, reitera que de acuerdo con los indicado en las NIIF plenas y NIIF pymes, el importe de las acciones propias en cartera se deducirán del patrimonio, por lo cual dicho importe se reconocerá por el valor razonable de la contraprestación entregada y será revelado en un aparte en el estado de situación financiera.
En la presente norma también se hace alusión a la contabilización de la reserva y adquisición de las acciones propias; toda vez que después de la readquisición de acciones, la sociedad puede optar por distribuir las acciones propias en cartera a título de dividendo, siendo esta una opción dentro de las 5 establecidas en el artículo 417 del Código de Comercio.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública infiere que el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, en lo referente a los soportes contables, aún se encuentra vigente.
La Supersociedades, mediante el presente oficio, aclaró que cuando el legislador se refirió a “otros valores”, necesariamente hacía referencia a los “títulos valores” regulados por la ley colombiana en el Código de Comercio, título lll, artículos 619 y siguientes; por ende, las SAS no pueden estructurar cualquier valor de naturaleza patrimonial y nominarlo a su gusto.
Sin embargo, lo antes dicho no modifica la posibilidad que tiene las SAS de hacer una emisión privada de bonos, para lo cual requiere de una autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con el numeral 2 del artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
El CTCP reitera que en la Ley 43 de 1990 se establecen las normas que deben observar tanto los contadores como los usuarios de sus servicios, dentro de las cuales se estipula dar cumplimiento a los principios de contabilidad que deben aplicar los obligados a llevar contabilidad.
El CTCP reitera que el contador público puede ejercer todas las actividades relacionadas con la ciencia contable en las entidades nacionales o extranjeras radicadas en el territorio nacional.