El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante el presente concepto, reitera que los costos por préstamos para entidades de grupo 2 deberán ser reconocidos en el resultado del ejercicio, y no se pueden capitalizar.

El CTCP reitera que el revisor fiscal deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad. El ex revisor fiscal de una entidad que firma con la misma un contrato por outsourcing.

Las sociedades de contadores públicos deberán inscribirse en la Junta Central de Contadores, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su constitución o registro en cámara de comercio; es esta quien ejercerá vigilancia sobre dicha sociedad.

La Alcaldía de Santiago de Cali emitió el presente decreto, por el cual se modifican las etapas y herramientas para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes del municipio de Santiago de Cali, así como también la correcta administración de los tributos por parte de la autoridad.
Por lo anterior, se realizan modificaciones al Decreto extraordinario 0139 de 2012, que a su vez fue modificado por el Decreto 0165 de 2013, en los siguientes aspectos, utilización de los formularios, la presentación electrónica de las declaraciones, sanción por extemporaneidad, correcciones en las declaraciones tributarias, sistemas técnicos de control, entre otros relevantes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el municipio de Santiago de Cali.

La Dian trae a colación el numeral 10 del artículo 8 del Decreto 3568 del 2011, modificado por el Decreto 1894 de 2015, por medio del cual se estableció el beneficio de reducción del monto de las garantías globales; así mismo, se hace referencia el Decreto 390 de 2016. De acuerdo con el artículo 674, entró a regir el numeral 2.1 del artículo 35, en el cual se estableció un tratamiento especial para los OEA en caso de no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras.
Por lo anterior, la Dian concluye que los usuarios aduaneros que cuenten con la calidad de OEA podrán aplicar el tratamiento especial, que implica no constituir garantía para las operaciones que realizan. Por ende, si una sociedad de comercialización internacional cuenta con autorización como OEA exportador, no deberá constituir garantía cuando se requiera en el proceso de exportación.

Mediante la presente sentencia, la Corte Constitucional recordó las consecuencias derivadas de la falta de afiliación de los trabajadores al sistema pensional, lo cual pondría en riesgo los derechos fundamentales de estos tales como el mínimo vital, la dignidad humana, entre otros.

Mediante la presente doctrina, la Dian infiere que, para el reconocimiento y medición fiscal de los elementos del estado financiero tales como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se deben tener en cuenta las normas tributarias de carácter tanto general como especial, que se tienen para cada elemento, las cuales se encuentran establecidas en el título I y II del libro primero del ET, y así determinar la renta líquida con base en el artículo 26 ibídem.
Por último, cuando se susciten diferencias entre el reconocimiento y medición contable frente al reconocimiento y medición fiscal, estas deberán estar reflejadas en la conciliación fiscal.

La Dian reitera que el valor residual es el determinado por la técnica contable y no por la regla fiscal, en tal sentido si un contribuyente necesita calcular la base de depreciación para efectos fiscales debe determinarla en los términos del artículo 131 del ET.

La Dian trae a colación los artículos 69, 128, 137, y 290 del ET, para dar respuesta a las preguntas relacionadas con el tratamiento fiscal y contable de las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones sobre activos fijos.
Por lo anterior, en aplicación de la normatividad vigente relativa al costo fiscal de los activos fijos, la Dian aclara que las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2017, que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las disposiciones del Estatuto Tributario, integran el costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta y equipo, y propiedades de inversión, de manera que deben considerarse para el cálculo de vida útil del activo y las alícuotas de depreciación fiscal. En caso de que la mejora se halla realizado antes de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, se deben aplicar las normas que estuvieron vigentes para la fecha.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reitera que las firmas de contadores públicos deben implementar los requerimientos de calidad contemplados en la NICC 1 y así mismo como firma de auditoria deben dar cumplimiento a los marcos normativos contenidos en el DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios