La Dian concluye que la exoneración de impuestos nacionales de que trata el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 no opera frente a la responsabilidad del impuesto sobre las ventas de cualquier tipo de propiedad horizontal, frente a la prestación de servicios gravados con el IVA, así se trate de arrendamientos del salón comunal.
El CTCP reitera que los contadores para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones legales y profesionales, entre otras
En las relaciones contractuales del contador público y los usuarios de sus servicios, se debe tener en cuenta lo estipulado en la Ley 43 de 1990 y según el contrato establecido, ya sea contrato de servicio o contrato laboral.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el tratamiento de los patrimonios autónomos, reiterando que son el conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria.
Mediante el Concepto 15691 de 2018, la Dian ha expresado que sobre el Decreto 4910 de 2011 ha operado el fenómeno del decaimiento del acto administrativo.
Cabe resaltar que el decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento desaparecen del escenario jurídico.
Teniendo en cuenta que el decreto se encargaba de fijar condiciones y requisitos para el acceso a beneficios tributarios por pequeñas y medianas empresas establecidos en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, dichas disposiciones también fueron derogadas con la expedición de la Ley 1819 de 2016.
El CTCP reitera que una reserva creada a partir de los excedentes del fondo de empleados no cumple los requisitos para ser reconocida como un pasivo.
El CTCP concluye que no existe limitante alguna para que un miembro del consejo de administración de una propiedad horizontal desarrolle la labor de contador público en esta. No obstante, cabe señalar que el contador no puede avalar lo estados financieros en calidad de revisor fiscal, según lo estipulado en la Ley 43 de 1990.
La Dian concluye que las personas naturales no residentes que no se encuentran en el supuesto del numeral 2 del artículo 592 del ET, están obligadas a presentar declaración de renta y para ello deben aplicar el sistema ordinario y calcular la renta presuntiva si hubiere lugar a ello.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante el presente concepto, reitera que las relaciones contractuales entre los contadores públicos y los usuarios de sus servicios se regulan bajo lo estipulado en la Ley 43 de 1990 y las obligaciones y derechos pactados bajo contrato.
El CTCP reitera que desde la transición el 1 de enero de 2015 las entidades deberían aplicar la NIIF para Pymes versión 2009 y a partir del 1 de enero de 2017 la entidad debe aplicar la NIIF para Pymes versión 2015.