El Gobierno sancionó la presente ley, por la cual se crean las sociedades de beneficio e interés colectivo –BIC–. Según lo dispuesto en la presente norma, cualquier sociedad comercial existente o futura podrá adoptar voluntariamente dicha condición, y no implicará para la misma un cambio de tipo societario o la creación de uno nuevo; únicamente incluirán en su objeto social las actividades de beneficio que se propongan fomentar.
Cabe resaltar que las empresas BIC seguirán obligadas a cumplir con el régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, el régimen común sobre las ventas y las demás obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal.
Con el fin de incentivar la producción agrícola a nivel nacional y generar mayor competitividad en el mercado de fertilizantes y plaguicidas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emite el Decreto 1027 de 2018, por el cual se establece un gravamen arancelario de cero por ciento (0%) para la importación de productos clasificados en 12 partidas arancelarias puntuales, en relación con los plaguicidas y fertilizantes.
Cabe resaltar que el gravamen establecido en el presente decreto tendrá vigencia de 2 meses después de su publicación y, vencido el término, se establecerá el arancel estipulado en el Decreto 2153 de 2016.
En la reestructuración de deuda existen dos posibilidades: 1) que los términos de la nueva deuda sean diferentes a los de la deuda original, por lo cual la deuda antigua se da de baja en el balance, y la nueva se reconoce por su valor razonable; y 2) cuando los términos no sean diferentes, la deuda antigua no se da de baja y se modifica el tipo de interés.
En la NICC 1 se encuentran estipuladas las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros.
Mediante la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social establece las condiciones para la autorización y habilitación de las personas jurídicas que operaran el aseguramiento en salud, así como las entidades responsables de dicha operación.
Dentro de las condiciones para habilitar las EPS, se encuentran: demostrar capacidad técnico–administrativa, tecnológica y científica; y cumplir con los requerimientos del manual de criterios y estándares, el cual se encuentra dividido en 14 grupos, así:
Sistema general de riesgos.
Afiliación y libre elección en el SGSSS.
Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas.
Atención de usuario e información para el afiliado.
Autorización de servicios médicos, medicamentos e insumos.
Fortalecimiento de cultura de la seguridad social.
Gestión del talento humano.
Tecnologías de información.
Red integral de prestadores de servicios de salud.
Gestión de la salud pública.
Condiciones financieras de la entidad y gestión de los recursos del SGSSS.
Recaudo, compensación de aportes y liquidación de prestaciones contributivas.
Contratación y pago de servicios.
Gobierno organizacional.
Mediante la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección establece el procedimiento para el reporte de información y aplicación de recursos de aportes patronales del Sistema General de Participación por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que demuestren deudas hasta del 75 % del aporte de los trabajadores de las empresas sociales del Estado –ESE–.
Según lo estipulado en la norma, la AFP contará con 5 días hábiles después de la expedición de esta, para reportar la información a través de la plataforma de intercambio de información PISIS del sistema integral de información de la protección social –SISPRO–.
El CTCP reitera que, la administración, como responsable principal de los estados financieros, tiene la responsabilidad de establecer las políticas contables de conformidad con los requerimientos del marco técnico aplicado por la copropiedad.
Mediante el presente concepto, el CTCP reitera que los estados financieros históricos deben elaborarse con fundamento en la información registrada en los libros de contabilidad.
El CTCP reitera que no es posible compensar cuentas por pagar por conceptos de impuestos, ni de cuentas por cobrar a empresas de un mismo grupo económico según el caso estipulado en la presente consulta.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió el Decreto 1008 de 2018, por el cual establece los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015.
Cabe resaltar que la política de gobierno digital debe ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías para consolidar un estado y ciudadanos con características en pro de la generación de valor público en un entorno de confianza digital. Finalmente, las disposiciones de la presente norma aplicarán para las entidades que conforman la administración pública.