La Dian aclara que, frente a la medida cautelar de suspensión o interrupción provisional de la calidad de operador económico autorizado –OEA–, la entidad en mención no podrá levantar dicha medida hasta que el grupo de estudio del OEA no determine el cierre del análisis del caso y tome una decisión profunda.
El Ministerio de Hacienda adicionó un artículo al libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 1, sección 1, subsección 4 del Decreto 1082 del 2015, en lo relacionado con los términos para la verificación de los requisitos de los proyectos de inversión que se presenten al OCAD PAZ.
En la presente norma se ajustan los términos con que cuenta el DNP para efectuar la respectiva verificación de requisitos que la normativa del sistema general de regalías exige, por lo cual el DNP dispondrá de 15 días hábiles para emitir un concepto de verificación de requisitos de los proyectos presentados a la OCAD PAZ. A su vez, las entidades que presentan los proyectos, en caso de que se les solicite información adicional para que el DNP pueda adelantar la respectiva revisión de este, contarán con 4 días hábiles para remitir la respectiva información.
Con el Decreto 962, el Ministerio de Hacienda adicionó el título 11 a la parte 11 del libro 2 del Decreto 1068 del 2015, único reglamentario del sector, relacionado con normas de buen gobierno, aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se regulan temas alusivos a la información para los asociados, convocatoria y políticas mínimas para la asamblea general, nombramiento de delegados; elección del consejo de administración o junta directiva; gerencia; junta de vigilancia o comité de control social; revisoría fiscal y conflictos de interés y transacciones con partes relacionadas, los cuales serán aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, y los fondos de empleados de categoría plena.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 960 de 2018, por el cual se adicionan disposiciones al Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el sector de economía solidaria, que presta servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se incorporan los títulos 6, 7, 8, 9 y 10 a la parte 11 del libro 2 del DUR 1068 del 2015, donde se informa sobre la toma de posesión, la gestión del riesgo, los servicios prestados por medio de corresponsales, la captación por medio del ahorro contractual, y las normas prudenciales para las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; entre otras disposiciones.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 960 de 2018, por el cual se adicionan disposiciones al Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el sector de economía solidaria, que presta servicios de ahorro y crédito.
En la presente norma se incorpora el título 2 al libro 4 de la parte 2 del Decreto 2555 del 2010, donde se informa sobre las medidas preventivas en la toma de posesión, la posesión para administrar y la posesión para liquidar las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; entre otras disposiciones.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el numeral 1 del artículo 126 del ET, modificado por el artículo 15 de la Ley 1819 de 2016, en lo referente a las deducciones por concepto de contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.
Por lo anterior, el demandante considera que en dicha norma se excluyen los aportes realizados al sistema de beneficios económicos periódicos –BEPS–, los cuales son un servicio social complementario del sistema general de pensiones, por lo cual la misma incurrió en omisión legislativa.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el presente decreto, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado a la asignación a los multifondos administrados por las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad.
En el particular, se modifica el artículo 2.6.11.1.5 del Decreto 2555 de 2010, estableciendo las reglas aplicables a los afiliados no pensionados que no elijan el tipo de fondo; dichas reglas están divididas en tres grupos: 1) flujos de aportes 2) convergencia al fondo moderado y 3) convergencia al fondo conservador.
Cabe resaltar que el traslado de flujo de aportes se llevará a cabo por las administradoras de fondos de pensiones, 9 meses después de la entrada en vigor del presente decreto.
La Supersociedades a través del Concepto 220-84682 de 2018, se pronunció frente a la posibilidad de que una SAS se dedique al préstamo de dinero teniendo como garantía las hipotecas.
Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades concluye que siempre y cuando la SAS haya incluido el otorgamiento de préstamos en el objeto social de la sociedad, en los estatutos de constitución de esta, no hay ninguna disposición legal que prohíba la actividad mencionada. Sin embargo, las limitaciones que tienen las S.A.S para desarrollar lo anterior, está directamente relacionado a la procedencia de los recursos que está prestando y que, si estas no son de propiedad de la sociedad estaría incurriendo en intermediación financiera o captación masiva y habitual de recursos del público y por ende, requeriría autorización previa, según lo manifestado por la superintendencia de sociedades.
El artículo 48 de la Ley 43 de 1990 estipula que el contador público no podrá prestar sus servicios a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de revisor fiscal. Dicha prohibición aplica hasta un año después de la finalización del contrato.
Si los copropietarios de una propiedad horizontal concluyen que los estados financieros no han sido elaborados bajo la normatividad vigente, y en lugar de ello contienen errores materiales, se podría considerar la opción de presentar una queja formal frente a la Junta Central de Contadores.