A través del Decreto 946 de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adiciona los literales n) y o) al DUR 1625 de 2018.
En el literal n) se estipulan los requisitos especiales con los que deben cumplir los contribuyentes dedicados a la exploración de hidrocarburos en los proyectos costa afuera, dentro de los cuales están: el certificado expedido por el revisor fiscal o contador público y el certificado emitido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En el literal o), por su parte, se estipulan los requisitos especiales con los que deben cumplir los exportadores de oro para llevar a cabo el procedimiento de devolución de saldos a favor, dentro de los cuales están: certificado del representante legal de la empresa, copia del certificado de origen y el certificado de la Agencia Nacional de Minería.

La Dian emite la Resolución 000034 de 2018, por la cual adiciona un parágrafo a la Resolución 4240 de 2000 en lo referente a las condiciones para que las declaraciones de importación (formulario 500) y la declaración de importación simplificada (formulario 510) sean presentadas en las entidades autorizadas para recaudar. Dicho parágrafo queda consignado de la siguiente manera:
“PARÁGRAFO 2°. Las declaraciones de importación Formulario 500 y declaración de importación simplificada Formulario 510, que no generen la obligación de pago inmediato de los tributos aduaneros como condición para obtener la autorización de levante, no deben presentarse en las entidades autorizadas para recaudar. En adelante, el sistema informático SYGA Importaciones realizará internamente la asignación de número y fecha de adhesivo con el cual se adelantará el proceso de nacionalización de mercancías. La remisión y el procedimiento para la entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de las declaraciones de importación no presentadas ante las entidades autorizadas para recaudar, se adelantará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82-1 y 82-2 de la Resolución 4240 de 2000.”

La Dian concluye que quienes elaboren obras cinematográficas y no sean residentes fiscales, no están obligados a declarar renta cuando sus ingresos estén constituidos únicamente por tales pagos.

Las entidades o personas obligadas a llevar contabilidad para efectos de su clasificación, deben analizar los requerimientos del Decreto 2420 de 2015. A su vez, el tratamiento de los aportes realizados por el ICBF dependerá de la procedencia de los recursos, ya sea de una subvención o un anticipo.

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el Decreto 948 de 2018, con el fin de que los aportantes y los cotizantes independientes implementen la utilización de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA–, mediante la modalidad de planilla electrónica.
Por lo anterior, se modifican los rangos de aportantes y cotizantes independientes, a la vez que se hace pública la fecha en las cual debe realizarse el cambio de pagos asistidos a electrónicos, de acuerdo con la condición de cada aportante (empresa o independiente). Las fechas para las empresas oscila entre el 6 de marzo de 2017 y el 1 de mayo de 2019, dependiendo del número de cotizantes; para los cotizantes independientes, oscila entre el 6 de marzo de 2017 y el 1 noviembre de 2018, dependiendo de los ingresos.

Se reitera que, la NIC 39 hace alusión a los instrumentos financieros, mientras la NIIF 9 lo hace sobre el reconocimiento, medición y presentación de activos y pasivos financieros. Por su parte, la NIC 32 hace referencia a la clasificación entre pasivo y patrimonio, y la NIIF 7 a la revelación sobre instrumentos financieros.

A través de la Resolución 158 de 2018, la Contaduría General de la Nación –CGN– prorroga el plazo para que las entidades de Gobierno, en proceso de liquidación, reporten la información financiera, económica, social y ambiental, correspondiente al período enero-marzo de 2018, de la categoría de información contable pública convergencias, la cual se podrá reportar a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP–.
Dicha información, deberá ser presentada por las entidades de Gobierno hasta el 30 de junio de 2018. La presente norma rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

La Supersociedades, mediante la presente normatividad, hace alusión al Oficio 220-040565 de 2018, en el cual se indagó respecto a la posibilidad de ceder o transmitir la experiencia en los procesos de fusión o escisión.
La Superfinanciera señala que, si por medio de un proceso de fusión se integran el patrimonio y las empresas de las sociedades participantes, la sociedad absorbente puede aducir como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya que la experiencia hará parte del patrimonio de la primera. Cabe resaltar que la cámara de comercio tiene la potestad para realizar el debido proceso ante el Registro Único de Proponentes –RUP– y, a su vez, las entidades contratantes tienen la potestad para aceptar o no la experiencia.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 30 de mayo de 2018 la Resolución 0687, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período, comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2018, y modalidad de crédito.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 20,28 %, evidenciándose así una disminución significativa de 0.16 en relación con la certificación del período anterior; y siendo la tasa de usura para el mismo de 30,42 %
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1.5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 30,42 % EA para dicha modalidad de crédito.
Para efectos tributarios, es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante el mes de junio de 2018 es 28,42 %

El Ministerio de Minas y Energía emite el Decreto 943 de 2018, “Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capitulo 6 del Título 3 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público”.
En la presente norma se modifican las definiciones y otros aspectos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público. A su vez, se dictan los criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público, que aplicarán a los municipios y distritos que adopten dicho impuesto a través de los concejos municipales y distritales, según lo plasmado en el parágrafo 2 del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016.