Mediante la Resolución 014 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó ajustes a la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– para la inclusión del cotizante del piso de protección social.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adopta el instructivo para la calificación del riesgo procesal y el cálculo de la provisión contable según la metodología de reconocido valor técnico adoptada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante la Resolución 353 de 2016, y deroga otras disposiciones.
Mediante el Decreto 1813 de 2020, el Ministerio del Trabajo estableció el procedimiento para la afiliación y traslado de régimen en el sistema de pensiones de manera electrónica.
El Congreso de la República expidió la Ley 2068 de diciembre 31 de 2020, mediante la cual modificó la Ley general de turismo, con el propósito de fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos.
El Congreso de la República expidió la Ley 2070 de 2020, mediante la cual desarrolla nuevas medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultural y de la economía creativa en todo el territorio nacional
El Congreso de la República expidió la Ley 2069 de diciembre 31 de 2020, mediante la cual modificó establece un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicos de cada región.
Como consecuencia del aplazamiento de la Copa América 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el Congreso modificó la Ley 2011 de 2019, en la cual se establecieron exenciones de impuestos y aduanas para la realización de dicho campeonato de fútbol.
La ley en mención señala que el nuevo nombre del certamen será “CONMEBOL Copa América Argentina-Colombia 2021”, y se reemplazará toda referencia al nombre que figuraba en la anterior Ley 2011 de 2019. Igualmente, prevé futuros cambios de nombre del torneo como consecuencia de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su realización durante este año.
La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 17,32 % EA.
Por otra parte, el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021 en la modalidad de microcrédito será del 37,72 %.
Mediante la Resolución 000-2564 del 30 de diciembre de 2020, la Junta Central de Contadores –JCC– fijó las nuevas tarifas para la vigencia 2021 correspondientes a los trámites de inscripción por primera vez, sustitución, modificación, duplicado, expedición de tarjeta profesional de contador público y tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.
A continuación, se relacionan dichos valores:
• Tarjeta profesional de contador público por primera vez: $341.000.
• Tarjeta de registro profesional de entidades por primera vez: $4.387.000.
• Sustitución de la matrícula profesional: $341.000.
• Modificación de la tarjeta de registro profesional: $438.000.
• Duplicado de la tarjeta profesional de contadores: $34.000.
• Duplicado de la tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios de la ciencia contable: $438.000.
• Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de los contadores públicos: $32.000.
• Certificado de vigencia y de antecedentes disciplinarios de las entidades que presten servicios de la ciencia contable: $58.000.
Mediante el Concepto 1170 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– determina las condiciones que se deben cumplir cuando se esté evaluando la hipótesis de negocio en marcha.
Se precisa que un ente económico no cumple la hipótesis de negocio en marcha cuando la administración o sus propietarios definan que no tienen la capacidad de evitar una liquidación o el cese de sus operaciones, o que no existe otra alternativa más realista que proceder con una de estas dos formas. De ser así, los estados financieros se deben preparar bajo las normas de información para entidades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha.