Corte Constitucional expide la Sentencia C-325 de 2020, en la cual declara la exequibilidad de las normas contenidas en el Decreto Legislativo 789 de 2020, el cual estableció la exclusión o exención del IVA entre junio de 2020 y hasta diciembre de 2020 o de 2021 para algunos bienes y servicios, expedido al amparo de la declaratoria de emergencia social y económica establecida con el Decreto 637 de 2020 para enfrentar la pandemia del COVID-19.
En dicha sentencia declaró exequible el artículo 4 del Decreto Legislativo 789 de 2020 bajo el entendido de que para los prestadores de los servicios de hotelería y turismo es optativo acogerse al beneficio de exclusión del IVA. Por tal motivo, se exhortó al Gobierno nacional para que en el término máximo de 30 días se expida la reglamentación que permita a los prestadores de los servicios de hotelería y turismo optar por acogerse a la medida de exclusión del IVA dispuesta en el artículo 4 del Decreto Legislativo 789 de 2020.
La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2020 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 18,09 % EA.
Por otra parte, para la modalidad de microcrédito la tasa será del 37,72 % para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, y para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto la del 32,42 % para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
Corte Constitucional expide la Sentencia C-378 de 2020, mediante la cual realiza la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 772 de 2020, a través del cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.
En dicha sentencia, la Corte concluyó que el decreto legislativo analizado cumple, de manera general, con los requisitos formales y materiales exigidos para que las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno nacional en el marco de estados de excepción se ajusten al ordenamiento superior. Para adelantar el análisis, la Sala estudió, de manera independiente, la constitucionalidad del artículo 1 y, posteriormente, agrupó las demás medidas en cuatro (4) ejes, así: (i) medidas generales para el acceso y trámite expedito a los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia (artículos 2, 3 y 7); (ii) mecanismos o medidas de protección y recuperación (artículos 4, 5 y 6); (iii) medidas de creación para pequeñas insolvencias (artículos 11, 12, 13 y 14); y (iv) medidas complementarias (artículos 8, 9, 10, 15, 16 y 17).
Así pues, la Corte ordenó declarar la exequibilidad del artículo 3 del Decreto Legislativo 772 de 2020, salvo el parágrafo 1 que se condiciona en el entendido de que la disposición de facilidades tecnológicas y apoyo en la secretaría del despacho para el diligenciamiento y radicación de la solicitud y su información y/o radicación en físico de documentos y memoriales aplica para todos los sujetos del concurso.
Ministerio de Hacienda expide el Decreto 1205 de 2020, mediante el cual reglamenta el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020, en relación con la suscripción de acuerdos de pago parcial por parte de las entidades recobrantes y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –Adres–, durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud.
Dicho decreto tiene como propósito establecer los requisitos, plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago parcial, así como también establecer las disposiciones en torno al reintegro en caso de presentarse un excedente en el valor girado por la nación con respecto al monto girado por la Adres a las entidades cobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud.
A través del Concepto 40875 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó una serie de precisiones referentes a la cotización de aportes al sistema de seguridad social para trabajadores independientes, según lo previsto en el Decreto 1273 de 2018 que permitía la cotización por días.
A través del Concepto 32517 de 2020, el Ministerio del Trabajo realizó una serie de precisiones frente a la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 558 de 2020 que permitió la reducción del 13 % de los aportes al sistema de pensiones por los meses de abril y mayo y ordenó el traslado de los pensionados en el régimen privado con mesadas pensionales de un (1) salario mínimo mensual legal vigente a Colpensiones.
Teniendo en cuenta que la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, a través de la Sentencia C-481 de 2019, surte efectos a partir del 1 de enero de 2020 y no afecta las situaciones jurídicas consolidadas, el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario –ET–, sobre rentas de trabajo exentas en el caso de magistrados de tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, está derogado por el año gravable 2019.
Por lo tanto, la Dian precisó que la adición del numeral 7 del artículo 206 del ET mencionado por parte del artículo 32 de la Ley 2010 de 2019 solamente es aplicable a partir del período gravable 2020 y, en esa medida, las disposiciones del Decreto 359 de 2020, por el cual se emitieron novedades reglamentarias en cuanto a retención en la fuente para personas naturales, no es aplicable para el año gravable 2019.
En la Sentencia T-362 de agosto 31 de 2020, la Corte Constitucional hizo referencia al caso de la terminación del contrato por críticas al empleador.
A través del Concepto 680 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– realiza una serie de precisiones referentes a la condonación de intereses por mora, sanciones o penalidades por el no pago o pago atrasado de cuotas de administración en una propiedad horizontal durante la emergencia decretada a causa del COVID-19, según lo previsto en el Decreto Legislativo 579 de 2020.
A través de la Resolución 100-005405 de 2020, la Superintendencia de Sociedades adopta los manuales de usuario para gestionar procesos y trámites de insolvencia por medio de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación –TIC–.