A través de la Circular 0021 de 2020, el Ministerio del Trabajo define los lineamientos que deben ser considerados por los empleadores con el fin de proteger el empleo y la actividad productiva frente al estado de emergencia decretado por el Gobierno nacional con ocasión de la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

Entre dichos lineamientos se encuentra la adopción de medidas como el trabajo en casa; teletrabajo; jornada laboral flexible; vacaciones anuales, anticipadas y colectivas; permisos remunerados; y salario sin prestación del servicio.

Lo anterior, con el propósito de evitar la propagación y contagio del COVID-19 por aglomeraciones en el servicio de transporte público, sitios de trabajo y hogares de los trabajadores, entre otros.

A través del Decreto 401 de 2020, el Ministerio de Hacienda modificó el calendario tributario aplicable por el año en curso, el cual había sido implementado mediante el Decreto 2345 de diciembre 23 de 2019.

Lo anterior, con el propósito de incorporar los plazos para el pago del impuesto al patrimonio, la normalización tributaria y el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta para las instituciones financieras, de acuerdo con las indicaciones señaladas por la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019. Así mismo, a razón de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, también denominado coronavirus, el decreto prorroga las fechas para el pago del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2019, así como los plazos para el pago del IVA correspondiente al bimestre marzo – abril y el cuatrimestre enero – abril de 2020, para los contribuyentes del sector hotelero y quienes su actividad económica principal sean: 9006 “actividades teatrales”, 9007 “actividades de espectáculos musicales en vivió” y 9008 “otras actividades de espectáculo en vivo”.

A través del Decreto 411 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció medidas transitorias con respecto al régimen de las zonas francas, a razón de la emergencia sanitaria relacionada con el coronavirus (COVID-19).

El decreto establece que el usuario operador de la zona franca podrá autorizar a los empleados de esta zona, así como a los usuarios calificados o autorizados, para que realicen su labor fuera del área declarada como zona franca permanente o permanente especial, bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia, que involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa.

Como medida preventiva ante la rápida propagación del coronavirus (COVID-19) en Colombia, la Superintendencia de Sociedades declaró la suspensión de términos para la ejecución de los procesos judiciales de procedimientos mercantiles y de procedimientos de insolvencia que se tramitan actualmente ante la entidad.

Esta medida transitoria operará entre el 17 y el 22 de marzo de 2020 para los procesos que se adelanten en las sedes de Bogotá y las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades.

A raíz de la alerta de seguridad sanitaria emitida por la rápida expansión del coronavirus (COVID-19) en Colombia, la Superintendencia de Sociedades estableció el protocolo para la realización de audiencias que deban ser desarrolladas en las diferentes sedes de la entidad.

De acuerdo con la circular en comento el protocolo adoptado consiste, entre otras disposiciones, en restringir el acceso a los espacios de atención al público cuando las personas presenten afecciones respiratorias o fiebre; ubicar a los asistentes a las audiencias de manera que haya cuatro sillas de distancia entre los asistentes ubicados en una misma fila y se deje una fila de asientos sin ocupar para que los asistentes no se ubiquen nunca detrás de otros; y, además, en cada sala deberán estar las personas que sean estrictamente necesarias, si estas son más de 15 se dispondrá otra sala con los mecanismos necesarios para su participación.

A través del Decreto 398 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adicionó al Decreto 1074 de 2015 un capítulo mediante el cual establece los lineamientos que deberán seguir las sociedades comerciales y propiedades horizontales para llevar a cabo la asamblea o junta ordinaria anual de manera virtual.
Lo anterior, con el propósito de permitir que dichas personas jurídicas adelanten las reuniones anuales a las que se encuentran obligadas a realizar en los primeros meses del año por medios no presenciales, es decir, de forma virtual. Esto, debido al estado de emergencia que actualmente atraviesa el país con ocasión a la propagación del coronavirus COVID-19, ante lo cual se emitió el mandato por parte del Gobierno nacional de suspender las reuniones físicas y que conlleven la concentración de más de diez (10) personas.

A través del Concepto 11EE2020120300000006511 de 2020, el Ministerio del Trabajo realiza de manera detallada una serie de precisiones respecto a la implementación de la jornada laboral, descansos remunerados obligatorios y la liquidación y pago de horas extras.

A través de la Resolución 385 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declara el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo del año en curso, por causa de la presencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, para lo cual, a su vez, adopta medidas frente a su prevención.

Entre dichas medidas se encuentran las sanitarias, planes de contingencia, preventivas de aislamiento y cuarentena y las sanciones penales y monetarias que recaerán sobre aquellos que incumplan la adopción de las medidas.

A través de la Circular Externa 0018 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, determina las acciones e instrucciones de intervención, respuesta y atención del coronavirus (COVID-19), complementarias a la impartidas en la Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio del Trabajo, las cuales deben ser aplicadas principalmente en ambientes laborales.

Lo anterior, con el propósito de evitar la propagación y contagio de enfermedades respiratorias y del COVID- 19 por contacto cercano en sitios de trabajo.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– realizó precisiones adicionales respecto de la inhabilidad que existe para que el contador público de una entidad actúe de forma simultánea como su representante legal.

Según el CTCP, en estos casos, al contador no le es posible establecer salvaguardas distintas a la de evitar asumir los dos roles. No obstante, en algunas situaciones puntuales el contador no estaría incurriendo en una inhabilidad; por ejemplo, cuando es el representante legal suplente, de manera que el representante principal certifique los estados financieros y el contador público los suscriba solo en calidad de contador.