Con la Ley 2005 de 2019 se crean incentivos tributarios para pequeñas, medianas y grandes empresas de productos de consumo masivo que compren productos elaborados con panela, provenientes de trapiches de economía campesina. Dicho incentivo consiste en el descuento del 100 % del impuesto de renta asociado a la venta de dichos productos durante 7 años, con posibilidad de prórroga de 5 años.
Cabe resaltar que mediante la Ley 2010 de 2019, más conocida como Ley de crecimiento económico, se deroga tácitamente el artículo 5 de la presente ley, lo cual quiere decir que para la vigencia 2020 los contribuyentes no podrán acceder a dicho beneficio.

El Ministerio del Trabajo concluye que, conforme al artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, gozarán de la protección foral dos de los miembros, por empresa, de la comisión estatutaria de reclamos, indistintamente que pertenezcan o no al mismo sindicato de industria.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 29 de noviembre de 2019 la Resolución 1603, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período, comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2019, en la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 18,91 %, presentando una variación de 12 puntos con relación a la certificación del período anterior, y siendo la tasa de usura para el mismo lapso de tiempo de 28,37 %.
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 28,37 % EA para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
Para efectos tributarios es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante diciembre de 2019 es de 26,37 %.

De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 488 de 1998, la base gravable del impuesto de vehículos automotores está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, el cual debe establecerse anualmente mediante la resolución expedida por el Ministerio de Transporte en noviembre del año inmediatamente anterior al gravable. Por ello, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 0005801 del 29 de noviembre de 2019, para establecer la base gravable de los vehículos automotores para la vigencia fiscal 2020.

Luego de obtener la certificación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios entre el 1 de octubre de 2018 y el 1 de octubre de 2019 por parte del Dane (la cual fue de 3,90 %), y en cumplimiento de lo consagrado en el inciso tercero del artículo 868 del Estatuto Tributario –ET– (el cual establece que le corresponde al director general de la Dian publicar mediante resolución, antes del 1 de enero de cada año, el valor de la unidad de valor tributario –UVT– aplicable para el año gravable siguiente), la entidad expidió la Resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019, fijando en $35.607 la UVT aplicable para el 2020.

Mediante resolución, la Dian informa los contribuyentes que optaron por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –SIMPLE–, así como quienes se retiraron o fueron excluidos de la responsabilidad de dicho impuesto en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019.

Dian expide la Resolución 000080 de 2019, por medio de la cual se establece el procedimiento para la presentación del Informe País por País, y se adopta el contenido y las especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos de la Dian, correspondiente al año gravable 2018 y siguientes.

La presente resolución aplica para los contribuyentes del impuesto sobre la renta que, con ocasión del numeral 2 del artículo 260-5 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.2.2.3.3 del Decreto 1625 de 2016, se encuentran obligados a presentar dicho informe.

El Gobierno nacional desarrolló las reglas aplicables a las reorganizaciones empresariales que involucren sociedades que opten por el régimen especial en materia tributaria –Zese–, con el fin de evitar el abuso en materia tributaria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 869 del Estatuto Tributario. Cabe resaltar que la Zese comprende el territorio de los departamentos de la Guajira, Norte de Santander, Arauca y de las ciudades capitales de Armenia y Quibdó.
La entidad en mención precisó que las operaciones económicas que se realicen entre vinculados económicos se deben desarrollar a precios de mercado, aplicando la metodología que establecen los artículos 260-1,260-3, y 260-4 del Estatuto Tributario.

El 22 de noviembre de 2019 la Supersociedades, con base en las atribuciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por la ley, dio a conocer la Circular Externa 201-000008, por la cual establece los plazos y requisitos mínimos para que las sociedades vigiladas, controladas e inspeccionadas del grupo 1, 2 y 3 de la convergencia a Normas Internacionales presenten ante dicho órgano los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 con su informe de prácticas empresariales.
Mediante la norma en mención se dispuso que las sociedades del grupo 3 que tengan condiciones de vigiladas y controladas tendrán que presentar sus reportes de forma virtual usando la nueva opción “Informe 01A – Estados Financieros de Fin de Ejercicio Grupo 3 – 70 – NIF para microempresas” del software XBRL EXPRESS.

Mediante el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022) se facultó al Gobierno nacional para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Por lo anterior, la entidad en mención expide el Decreto 2106 de 2019, el cual, a través de sus 158 artículos, efectuó modificaciones a múltiples leyes anteriores que regulan trámites de todo tipo en que participan entidades estatales.
Por tanto, a través de los artículos del 42 al 53, el Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019 terminó modificando 12 normas del Estatuto Tributario –ET–, relacionadas con normas sustantivas del impuesto de renta o de procedimiento tributario.