La Contraloría General de la República y la OCDE hacen un llamado para revisar los requisitos para acceder a ciertos beneficios tributarios, y así eliminarlos o ajustarlos según su fin. La Ley 1943 de 2018 incluyó beneficios para las empresas, que le costarán al país 9,5 billones de pesos en 2020.
La Contraloría General de la República y la OCDE hacen un llamado para revisar los requisitos para acceder a ciertos beneficios tributarios, y así eliminarlos o ajustarlos según su fin. La Ley 1943 de 2018 incluyó beneficios para las empresas, que le costarán al país 9,5 billones de pesos en 2020.
En el 2012 el Banco Mundial publicó un documento con todo el diagnóstico sobre el gasto tributario en Colombia, del cual se derivaron dos mensajes que hoy el Gobierno no ha cumplido, por lo menos en lo que afectaría directamente al empresariado nacional. Así lo publica Justicia Tributaria en su análisis Beneficios tributarios en Colombia: actualización para el año gravable 2017.
El primer mensaje señala que:
Segundo mensaje, por su parte, indica que:
Haciendo eco en lo anterior, el análisis destaca cómo la Contraloría General de la República –CGR– ha criticado los beneficios tributarios a sectores como el ambiental y ciencia, tecnología e innovación. Esta entidad también se muestra “de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE y otros estudios sobre la necesidad de revisar los tratamientos fiscales preferenciales a fin de eliminarlos o ajustarlos de acuerdo con los fines para los que fueron creados”.
Desde el punto de vista de la CGR, el Estado no cuenta con sistemas adecuados para controlar y verificar si los beneficios tributarios otorgados corresponden con los resultados ambientales esperados. Sumado a lo anterior, existe un alto grado de incertidumbre sobre la eficiencia y efectividad de los incentivos tributarios para el medio ambiente. Su seguimiento y control no es apropiado.
La OCDE también ha pedido la revisión de los beneficios tributarios otorgados por distintos gobiernos en Colombia. “Los beneficios tributarios y los regímenes especiales aumentan la complejidad del sistema tributario y eventualmente aumentan los costos de cumplimiento. El uso y el impacto de otros beneficios fiscales y regímenes especiales también se deben evaluar detenidamente con el fin de eliminar o reformar aquellos que son distorsivos, ineficientes o mal utilizados”, indica.
El análisis advierte que con la Ley 1943 de 2018, Ley de financiamiento, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, aprobados y sancionados por el Gobierno Nacional, se vienen nuevos beneficios tributarios que tendrán un costo fiscal bastante alto para las finanzas del país desde el año 2020.
«En la reforma tributaria de 2018 se incluyeron una serie de beneficios para las empresas que le costarán al país en 2020 la suma de 9,5 billones de pesos, siendo el descuento del 100 % del IVA el de mayor costo (6,6 billones de pesos)», indica el análisis.
De igual manera, el PND incluyó una serie de nuevos beneficios, pero estos no se encuentran cuantificados y no se conoce ciertamente su impacto a los sectores que beneficia. «Por ejemplo, el mecanismo becas por impuestos, los descuentos y deducciones por inversiones en ciencia y tecnología, ya criticados por la CGR, son algunos de los beneficios contemplados sin ninguna estimación de costo-beneficio», ilustra el análisis.