Manuel Castro afirma que por la desactualización del catastro, entre 2010 y 2018, las capitales del país dejaron de recaudar 4.8 billones por predial.
Una base del catastro actualizada permitiría identificar los nuevos establecimientos de comercio y reduciría la informalidad de la actividad comercial.
Manuel Castro afirma que por la desactualización del catastro, entre 2010 y 2018, las capitales del país dejaron de recaudar 4.8 billones por predial.
Una base del catastro actualizada permitiría identificar los nuevos establecimientos de comercio y reduciría la informalidad de la actividad comercial.
Manuel Castro, economista líder en sector público de la firma Economía Urbana, y consultor sénior del sector público internacional del Banco Mundial, opina que gracias al catastro multipropósito se contará con una base actualizada capaz de aumentar, considerablemente, el recaudo por ICA e impuesto predial.
Sí, es uno de los factores que más incide. De acuerdo con estimaciones de la firma Economía Urbana, por cuenta de la desactualización del catastro, entre 2010 y 2018, solo las capitales del país dejaron de percibir 4.8 billones por impuesto predial y cerca de 7 billones en total por ingresos tributarios.
La desactualización promedio del catastro en los municipios del país es de 10,3 años (6,3 años en las capitales).
Así es. Entre 2014 y 2018 las ciudades que actualizaron sus catastros aumentaron 60 % sus ingresos por predial, más del doble que las ciudades que no lo hicieron (26 %).
Los efectos directos no solo son sobre el predial. De hecho, los beneficios sobre el ICA pueden ser incluso más importantes, ya que una base del catastro actualizada permite identificar los nuevos establecimientos de comercio que no hacen parte de la base tributaria y, en esa medida, reduce la informalidad de la actividad comercial.
Otras fuentes de ingreso municipales como la valorización, la delineación urbana, o la plusvalía se ven directamente influidas de manera favorable.
En Barranquilla, por ejemplo, entre 2016 y 2018, la actualización y adopción directa de la gestión catastral por parte de la ciudad le permitió generar ingresos propios adicionales de 462 mil millones (154 mil millones anuales), con los cuales se lograron apalancar nuevas inversiones por un valor 10 veces superior.
Un catastro actualizado permite mejorar la calidad de las inversiones, al permitir al municipio conocer de manera precisa sus bienes públicos (escuelas, vías, puestos de salud, parques, etc.,), y su localización precisa en función de la localización de la población (usuarios), de forma tal que permite priorizar mejor las decisiones de inversión.
Permite conocer los verdaderos usos del suelo, y en esa medida planear mejor su ordenamiento. Esto incluye la delimitación de usos (industrial, residencial, áreas protegidas, parques naturales, zonas de riesgo, etc.), lo cual incide de forma directa en la toma de mejores decisiones al momento de invertir.
Mejora la formalización de la propiedad y el servicio al ciudadano en los tramites asociados con el registro público de la propiedad, entre otros aspectos.
Los beneficios para las finanzas del Estado son enormes, no sólo porque dinamizan de forma permanente las fuentes de ingresos de los gobiernos subnacionales y refuerzan su autonomía, una vieja aspiración de nuestro modelo de descentralización, sino también porque reducen la presión y dependencia de estas mismas sobre el presupuesto nacional.
En la práctica, si se realiza como está previsto, no solo podría mejorar el volumen y la calidad de las inversiones, sino que también significaría un gran paso para modernizar la gestión financiera y gubernamental en los distintos niveles de gobierno.
Para los dueños de los predios el catastro permitirá establecer con certeza su valor, reducirá la incertidumbre asociada con las definiciones de cabida y linderos (tamaño de los predios), permitirá formalizar la propiedad y facilitará el acceso de los propietarios a créditos, subsidios y a los programas estatales, entre otros beneficios.
Un nuevo catastro no necesariamente significa más impuestos. Quienes ya están en la base catastral contribuyen con predial, ICA, etc. De hecho, la ley establece límites sobre los incrementos, y estos no pueden superar un 50 % del monto liquidado por el mismo concepto el año anterior.
Lo que sí es importante entender es que con el tiempo la fisionomía de las ciudades cambia, y los nuevos desarrollos urbanísticos y comerciales deben incorporarse a la base del catastro para formalizar las actividades económicas. De esta manera, tales desarrollos pueden tenerse en cuenta en las decisiones de inversión de las entidades territoriales.
En ese sentido, el principal efecto sobre los ingresos está dado por los predios que en la actualidad no tributan porque se encuentran por fuera de la base. En esa medida, impiden que el municipio recaude recursos según su potencial real.
La percepción que los colombianos tienen sobre el catastro ya está cambiando de forma importante, principalmente en ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá, entre otras. Este nuevo catastro debe contribuir a generalizar esta percepción en el resto del país.
Se requieren aún reglamentaciones importantes sobre el nuevo modelo de gestión catastral que el Gobierno deberá expedir, relacionadas con los procesos de gestión catastral en cabeza de las gobernaciones, asociaciones de municipios y entidades nacionales como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Parques Nacionales; además de los esquemas de participación privada APP, que eventualmente podrían desarrollarse para la prestación del servicio.