Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
David Ortiz y Aníbal Zárate describen algunas pautas para atacar la corrupción en las entidades estatales. Existe un triángulo clientelista conformado por actores privados que financian campañas políticas, maquinarias que compran votos y políticos en el poder que pagan a sus financiadores y amigos.
David Ortiz, PhD y magister en economía, y docente de la Universidad el Externado afirma que la estructura del control fiscal en Colombia es compleja y particular. “Además de la Contraloría General de la República, existen 63 contralorías territoriales, sistema que ha fracasado por varias razones”, describe en entrevista con Actualícese.
Ortiz indica que muchas de estas contralorías no tienen la capacidad técnica ni los recursos para hacer una adecuada vigilancia de los recursos públicos o para llevar a cabo procesos de responsabilidad fiscal.
“En algunos casos no es claro quién debe vigilar determinados recursos. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar –PAE– ha sido cofinanciado entre los entes territoriales y la nación, y en muchos casos no ha sido claro quién tiene que vigilar esos recursos”, dice él.
Según Transparencia por Colombia, dice Ortiz, las contralorías departamentales, en general, tienen mayores riesgos de corrupción que las gobernaciones, con lo cual la garantía de control efectivo de los recursos públicos es nula.
Para Aníbal Rafael Zárate Pérez, director de investigaciones y editor de la revista digital de derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, combatir la corrupción al interior de las entidades del Estado requiere de varios frentes. Un primer frente es la aplicación eficaz de las sanciones existentes, para que estas cumplan su fin preventivo y disuadan la realización de prácticas corruptas al interior de las entidades del Estado.
«Para esto hay que comenzar a blindar internamente a los mismos órganos de control y fortalecer el sistema judicial. Hechos como el de la captura del fiscal anticorrupción por actos de corrupción permiten cuestionarnos acerca de la idoneidad de los funcionarios encargados de investigar casos relacionados con los delitos de corrupción que se detectan», afirma en diálogo con Actualícese.
En materia de control fiscal, al igual que Ortiz, Zárate Pérez dice que las contralorías territoriales son cooptadas con facilidad por diversos grupos políticos en distintas regiones del país.
«El vigilante termina siendo capturado por el vigilado. Frente a esto, se ha propuesto un esquema desconcentrado de control fiscal similar al que actualmente tiene la Procuraduría. En las investigaciones se muestra precisamente cómo la inoperancia de la justicia y de los órganos de control es un gran incentivo para la corrupción», afirma.
Otro frente que se debe atacar es prevenir la realización de prácticas corruptas al interior de las entidades del Estado. “Existe la necesidad de que los mecanismos de control disciplinario cumplan, además de su rol sancionador, una función preventiva y de moralización de la acción pública”, dice él.
Ortiz indica que en las entidades estatales se debe tratar de romper el triángulo del clientelismo, que, para simplificar, se describiría de la siguiente manera: actores privados que financian campañas políticas, maquinarias políticas que compran votos y políticos en el poder que pagan a sus financiadores y amigos a través de la contratación pública.
“Algunas maneras de romper este triángulo serían cambiar el esquema de financiación de las campañas políticas y darle más transparencia y eficiencia a la contratación pública”, dice Ortiz.
También se debe resolver el problema del control fiscal territorial. “Aunque en el corto plazo no veo más alternativa que centralizar este control en Bogotá, se podría pensar en un esquema descentralizado, pero al tiempo independiente de la política regional”, concluye él.
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