Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Comercio, industria y actividades inmobiliarias aportarían costos económicos más altos.
En cuanto a la tasa de desempleo, se vería un aumento entre 146.000 y 220.000 desempleados.
Se deben implementar estrategias para garantizar la protección de trabajadores informales frente al COVID-19.
Como consecuencia de las nuevas medidas de confinamiento adoptadas en las primeras semanas de enero para afrontar el segundo pico de contagio en el país, Fedesarrollo, a través de un comunicado de prensa, prevé un costo económico de estas entre 8,3 y 12,5 billones de pesos, equivalentes al 0,8 % y 1,2 % del PIB, resultado de una reducción en la operación de la actividad económica.
Los sectores de comercio, industria y actividades inmobiliarias aportarían los costos económicos más altos.
Por su parte, el mercado laboral también se vería afectado, con un aumento de entre 0,6 pps y 0,9 pps en la tasa de desempleo; entre 146.000 y 220.000 desempleados, proyecta la entidad.
Los departamentos con medidas de restricción a la movilidad y a la actividad productiva más fuertes son los que aportan en mayor proporción al costo económico estimado.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca tendrían una participación en la reducción de la actividad económica nacional del 48,8 %, 15,9 % y 11 %, respectivamente, equivalentes a 4,1, a 1,3 y 0,9 billones de pesos en el escenario bajo.
Esta participación estimada se encuentra por encima del aporte de estos departamentos al PIB nacional, especialmente en el caso de Bogotá, que con un 26 % de participación en el PIB aporta prácticamente la mitad del costo total estimado.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha dicho que “el costo final dependerá de eventuales restricciones adicionales a las tomadas hasta la fecha, de acuerdo con la evolución de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos –UCI–, y de la rapidez con que los flujos de actividad productiva retornen a las condiciones previas a la implementación de estas medidas”.
Continúa siendo fundamental, informa Fedesarrollo, el fortalecimiento del testeo, rastreo y control de los casos, con el objetivo de construir cercos epidemiológicos focalizados, especialmente en las personas con mayores comorbilidades.
Fedesarrollo considera que las decisiones orientadas a controlar y mitigar el contagio del virus deben estar acompañadas de medidas complementarias para apoyar al aparato productivo, particularmente en los sectores más afectados, así como la aceleración de la ejecución de apoyo para los hogares más vulnerables.
Entidades como la Andi, la Cámara de Comercio de Bogotá y ProBogotá Región realizaron un pliego de propuestas para contener la propagación del coronavirus, sin necesidad de llevar a cabo nuevas cuarentenas sectorizadas.
En el documento Observatorio para el seguimiento de la atención de la emergencia y reactivación económica de Bogotá, publicado el 18 de enero de 2020, se exponen puntos sobre el COVID-19 y cómo la estrategia de confinamiento para enfrentarlo ha generado la mayor pérdida de empresas y empleo formal en los últimos 10 años, ya que al cierre del año anterior Bogotá registró una disminución del 12 % en el total de empresas activas, lo que se traduce en 53.291 empresas menos frente al 2019.
«Esto repercutiría en la calidad de vida y el bienestar de los bogotanos al verse afectados por la falta de empleo y de oportunidades de crecimiento de sus negocios. Las nuevas restricciones restringirían el comercio y las actividades económicas de localidades que ya habían sido fuertemente afectadas en el 2020», indica el informe.
Una de las propuestas planteadas para afrontar la situación es identificar, ubicar y visitar en su casa a las personas mayores de 70 años, que padezcan comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC y obesidad. Punto seguido se debe caracterizar social y económicamente a estas personas en puntos como núcleo familiar de convivientes, dependencia económica y condiciones de vivienda, entre otros.
«Luego, se propone realizar un cerco socio-epidemiológico a estos núcleos familiares e incluirles un gestor de riesgo, que sirva de enlace permanente con el sector salud y que se encargue de coordinar y vigilar la atención de la EPS con la que está afiliado, además de definir, según la condición del paciente, la entrega de un kit de supervivencia que incluya tapabocas, termómetro, oxímetro y un botón rojo o de emergencia en su celular para reportar emergencias y asistencia telefónica las 24 horas», sugiere el informe.
Ya que la actividad económica informal en Bogotá es del 42,2 %, el informe indica que se deben implementar estrategias con el fin de garantizar la protección de los trabajadores informales frente al COVID-19.
Entre las estrategias está el acceso de forma universal y gratuita al tapabocas, acompañado de campañas pedagógicas, así como identificar los puntos de alta concentración de la actividad informal y diseñar protocolos especiales para estos lugares.
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