¿Cuántos billones de pesos perdería Colombia si se llegara a caer la Ley de financiamiento?
Los gremios económicos del país se han manifestado sobre las consecuencias de que la Corte Constitucional declarara como inconstitucional la Ley de financiamiento. El crecimiento económico podría desacelerarse hasta 0,9 puntos porcentuales y el recaudo tributario caería 1,6 billones de pesos en 2020.
Los gremios económicos del país se han manifestado sobre las consecuencias de que la Corte Constitucional declarara como inconstitucional la Ley de financiamiento. El crecimiento económico podría desacelerarse hasta 0,9 puntos porcentuales y el recaudo tributario caería 1,6 billones de pesos en 2020.
Esta semana la Corte Constitucional decidirá entre declarar o no la exequibilidad de la Ley de Financiamiento. Al respecto, como lo ha manifestado el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, la eventual caída de la ley traerá pérdidas en el crecimiento económico del país por alrededor de 1.000 billones de pesos y costaría cada año 1,5 puntos del PIB de crecimiento.
Desde el ministerio se ha dicho que si se cae la ley se desaceleraría el crecimiento económico en la próxima década en 0,9 puntos porcentuales en promedio, la pobreza se incrementaría en al menos 400.000 personas en el 2020, y la deuda pública subiría al 54,3 % del PIB en el 2020, y al 54,7 % del PIB en el 2021.
El ministro aseguró que si el alto tribunal tumba la ley, el Gobierno entraría a analizar cómo recuperar el contenido de la misma. Dijo que el “plan B”, en este caso, sería volver a tramitarla en el legislativo.
La opinión de la Andi, Fedesarrollo y Anif
Desde el punto de vista de la Andi, sería una catástrofe para la economía nacional. El gremio de los empresarios envió un análisis sobre los efectos fiscales en términos de recaudo. En caso de que se declare inexequible, el recaudo tributario en 2020 caería 1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales, lo que dejaría un recaudo de 156,9 billones de pesos en lugar de 158,5 billones. Lo anterior implica que sería equivalente al 14,1 % del PIB en 2020, en vez de 14,2 %.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha expresado que se podrían llegar a perder hasta 10 billones de pesos durante los próximos 10 años, sin tener en cuenta los beneficios que se pudieran derivar de un mayor crecimiento en la economía, que además se traduciría en mayores impuestos de renta o relacionados con la actividad económica.
Para Fedesarrollo, por su parte, la declaratoria de inexequibilidad podría conllevar un mayor recaudo tributario. Sin embargo, “esas eventuales ganancias en términos tributarios se perderían en vía de un menor crecimiento económico”, aseguró Luis Fernando Mejía, director de la entidad. Para él, tumbar la ley sería sinónimo de observar una caída de 0,8 puntos durante los próximos tres años en lo que respecta al crecimiento del PIB.
Para Anif, el Gobierno nacional, en caso de que se caiga la Ley de financiamiento, debería presentar otra reforma tributaria el próximo año para extender el cobro del IVA a un 19 % en bienes que hoy tienen tasas preferenciales, e incluso le recomienda privatizar activos como Ecopetrol o ISA, y así recaudar unos 10 billones de pesos para poder apuntalar los programas de infraestructura del país.
Unas de cal, otras de arena
Desde el punto de vista de la Universidad de la Sabana, se generaría una inestabilidad jurídica para las empresas, ya que durante este año se ha creado un gran número de emprendimientos gracias a la normatividad de la Ley de financiamiento. De igual forma, sería una pésima señal para el mercado internacional, con el agravante de afectar la inversión extranjera, que es la que podría jalonar la reactivación de la economía en Colombia.
Para esta institución educativa, tumbar la ley y devolver lo recaudado durante este año generaría un impacto negativo en el presupuesto del 2019. Pero desde la universidad se piensa que esta ley genera mayor desigualdad en el país. Mantenerla tal y como está ocasionaría un impacto negativo sobre las finanzas públicas cercano al 1 % del PIB, ya que la ley podría tener un efecto neto de disminución del recaudo más grande de lo que proyecta el Ministerio de Hacienda.
«La Ley de financiamiento aumenta la carga tributaria de las personas naturales, reduciendo el nivel de consumo. De esta manera ¿de qué sirve crear más empresas o la expansión de ellas, si la demanda está cada vez más resquebrajada debido a los continuos aumentos en los impuestos que afectan el ingreso disponible de los colombianos”, reflexiona la universidad.