Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La globalización ha generado que las empresas expandan sus operaciones a otros países, dando como resultado un comercio internacional. Por este motivo se han creado instituciones y normas que lo regulan, además de convenios entre naciones en temas fiscales, como el régimen de precios de transferencia.
La globalización ha generado un rápido crecimiento económico a nivel mundial impulsado especialmente por la expansión de las actividades empresariales más allá de las fronteras. Es decir que gracias al dominio de las empresas multinacionales y al avance de las tecnologías de la información se ha desarrollado un comercio internacional e incrementado las transacciones de fusiones, adquisiciones e inversión extranjera. Ante estas interacciones, los gobiernos han identificado la necesidad de aumentar el gasto público y el recaudo de impuestos.
Este comercio está regulado por autoridades con reconocimiento internacional y conformado por países que cooperan con ellas. Es el caso de la Organización Mundial del Comercio –OMC–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, entre otras entidades encargadas de vigilar y emitir normas. Una de estas normas es la de Precios de Transferencia que, según Pagan Hill y Scott Wilkie, son las reglas internacionales que buscan proteger la base gravable de los países, ya que son los precios a los cuales una empresa transfiere bienes o presta servicios a vinculadas bajo el principio de plena competencia. Este régimen se creó por la poca recaudación y la salida de grandes sumas de dinero a otros países con baja imposición. Los países que han aceptado estas Normas de Precios de Transferencia han adaptado sus leyes tributarias y fiscales a los Estándares Internacionales y han celebrado convenios para evitar la doble tributación.
Colombia ha incorporado este régimen a sus normativas legales desde el 2004 y actualmente podemos encontrarlo en los artículos 260-1 hasta el 260-11 del Estatuto Tributario, donde se explican temas relacionados a precios de transferencia como los obligados a implementar este régimen, la declaración informativa en el formulario 120 de la Dian sobre la documentación comprobatoria, los cinco métodos que una empresa puede aplicar según sus operaciones, y requisitos de la ley y el régimen sancionatorio.
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