Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El diseño y la implementación de políticas tributarias verdes dependen de la viabilidad política y del apoyo para ser aprobados en el Congreso.
El recaudo del impuesto al carbono se podría utilizar para financiar una renta básica en Colombia.
El proyecto de reforma tributaria aprobado en plenaria en el Congreso no le apuesta a la sostenibilidad y al cuidado del medioambiente. Dejusticia en su análisis La reforma tributaria: una oportunidad perdida indica que la reforma excluye impuestos verdes que permitirían ampliar la contribución del país en la lucha contra el cambio climático:
Por ejemplo, no se contempla la reformulación del impuesto nacional al carbono, que debe aumentar su tarifa por tonelada de CO2 y la base gravable para incluir la quema y exportación de carbón. Este impuesto tiene pocos impactos regresivos si se tiene en cuenta que la matriz energética del país depende mayoritariamente de energía hidroeléctrica (casi un 70 %), a la cual no se le aplicaría el impuesto y por tanto no tendría impactos en el costo del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, se optó por no incluir esto en el nuevo articulado.
Diana León, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, afirma en Una agenda fiscal por el clima y la sociedad colombiana que el portafolio de impuestos verdes que puede implementar un país para enfrentar la crisis climática y próximas crisis ambientales es variado:
Sin embargo, el diseño y la implementación de estas políticas tributarias dependen mucho de la situación socioeconómica del país, de los impactos que puede generar en la población e incluso la viabilidad política y apoyo para ser aprobados en el Congreso.
León destaca lo siguiente sobre el impuesto nacional al carbono:
Hacienda debe reformular la base gravable de este impuesto para que incluya progresivamente todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Esto es incluir aquellos combustibles fósiles que quedaron por fuera del impuesto en la reforma tributaria del 2016. También ir desmontando poco a poco la deducción del impuesto de declaraciones de renta e ir aumentando el precio de la emisión de gases de efecto invernadero en el país hasta alcanzar rápidamente las recomendaciones internacionales.
Tiene claro que tal vez el recaudo no sea tan alto como para financiar una renta básica universal en el país con un monto sustancioso, pero sí sería una fuente no despreciable de recursos que el Gobierno puede usar para implementar este esquema:
De hecho, en caso que sólo se use lo recaudado por este tributo para la renta básica, es mucho más justo que se distribuyan en todos, sobre todo a niños, niñas y jóvenes cuya supervivencia está en riesgo, a que se queden en las arcas de Hacienda.
El primer proyecto de ley de reforma tributaria que retiró el Gobierno luego de la protesta social incluía un paquete de cambios que incentivarían el uso de energías limpias y reducirían la contaminación, con los cuales se buscaba recaudar por lo menos 3,48 billones de pesos anuales.
Una primera iniciativa planteada por el Gobierno nacional era modificar el impuesto al carbono para incluir a todos los combustibles fósiles, medida con la cual se reduciría en un 6 % las emisiones del país para el año 2030.
Únicamente con este tributo se buscaba obtener un recaudo de 1,2 billones de pesos al año sin la transición, que podría tener unos 660.000 millones de pesos adicionales.
La segunda propuesta era introducir un impuesto local a los vehículos para contrarrestar los efectos de la contaminación en las ciudades. Este se aplicaría según las características del vehículo, e incluía motos, transporte de carga y el transporte público.
De la mano de este tributo se buscaba recaudar 1,7 billones de pesos al año más los recursos por contaminación, que serían de 440.000 millones de pesos.
Un tercer impuesto estaría enfocado a los plásticos de un solo uso, con el que se esperaba recibir 14.000 millones de pesos al año. Esta medida contemplaría una compensación para las empresas que reciclen el material.
Como cuarto impuesto estaba la creación de un tributo al consumo de plaguicidas no orgánicos, y así reducir la contaminación del suelo. La tarifa sería del 8 % por el uso de estos elementos, y se buscaría un recaudo de 60.000 millones de pesos.
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