Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Julio Fernando Álvarez, socio consultor de Cuervo Abogados dice que tras bambalinas se está moviendo una nueva reforma tributaria, debido a las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de financiamiento, y por el comportamiento del recaudo que se viene presentando.
Julio Fernando Álvarez Rodríguez, socio consultor de Cuervo Abogados, abogado y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario, con más de 30 años de ejercicio profesional afirma en entrevista con Actualícese que la progresividad del sistema tributario nacional se debe revisar, ya que desde hace 15 años se observa que los beneficios tributarios son para las empresas, y que la tasa efectiva de tributación es más alta en ciertos grupos de personas naturales.
No necesariamente. El artículo 363 de la Constitución Política establece los principios que deben caracterizar al sistema tributario. Uno de estos principios es el de la eficiencia, que queda en entredicho cada vez que se propone una reforma tributaria o una seguidilla de ellas, como ocurre en nuestro país. El “diseño” no es en función del recaudo, sino de los diversos objetivos que se asignan constitucional, legal y doctrinariamente a un “sistema”. Que se falle en el tema recaudatorio o en la necesidad de mayores recursos tributarios no se atribuye directamente al sistema.
Ahora que formamos parte de la OCDE, lo comparable es que el recaudo como porcentaje del PIB es bajo en relación con otros países similares al nuestro. Pero el problema real es si ese recaudo se emplea o se destina de manera adecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y las inversiones sociales. Este también es un parámetro que permite ser comparado desde la perspectiva de esta entidad.
No estoy seguro de que para el 2020, pero sí para el 2021 y siguientes, como se ha destacado en diversos foros y columnas de opinión. En efecto, se están tramitando proyectos de ley en materia tributaria, está sesionando la comisión para la reforma fiscal territorial, y a su vez el Gobierno está impulsando otras minireformas tributarias de contenido ambiental, ninguna de las cuales es estructural.
Depende del comportamiento de la última reforma en términos de recaudo, y de algo que se está comenzando a ventilar en medios: hay serios indicios de que las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de financiamiento prosperen.
Tengo la percepción que por este último motivo se está moviendo una nueva reforma tributaria tras bambalinas.
No es un juicio nuevo. Desde hace 15 años se observa que los beneficios tributarios son para las empresas y que la tasa efectiva de tributación es más alta en ciertos grupos de personas naturales. Es un análisis para evaluar la progresividad del sistema tributario.
Sin embargo, la jurisprudencia ha dicho que no basta con calificar de regresivo el sistema a partir de un solo impuesto (en este caso renta), sino que hay que ver el conjunto de tributos vigentes de dicho sistema.
Obviamente se deben mejorar los programas de fiscalización, buscar que estén bien focalizados y con mejores herramientas de análisis. El nuevo director de la Dian ha propuesto un cambio en este sentido. Habría necesidad de esperar qué traen sus nuevos mecanismos al respecto.
Si se combate la corrupción y la evasión de impuestos con las herramientas que tiene la Dian, ¿sería suficiente para que las personas naturales no pagaran tantos impuestos?
No considero que sea suficiente. La tributación por sí sola no logra que se mejore la moralidad tributaria del contribuyente, así como el hecho de atacar el despilfarro y desviación de los recursos fiscales para sus fines propios de gasto público e inversión social tampoco hace que los contribuyentes tributen más.
Deberían explorarse otros aspectos que incidan en la ecuación, que fundamentalmente se orienta a la aplicación eficiente de los recursos fiscales. Así pues, tenemos que “cultura tributaria” no solo es entender por qué se debe pagar, sino exigir en qué se debe invertir lo público.
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