Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Iván Jaramillo, luego del COVID-19 el sistema laboral deberá adaptarse al nuevo contexto, que requerirá incentivos a la contratación laboral.
Deberán disminuirse costos fiscales y de aportes a la seguridad social sobre la nómina.
Dos de cada tres colombianos no tienen condiciones para teletrabajar.
Iván Daniel Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario afirma en entrevista con Actualícese que la suspensión de contratos por fuerza mayor o caso fortuito debe ser analizada en cada caso, para identificar en empresas que desempeñan actividades «no exentas» la posibilidad de adoptar el esquema previsto por el Ministerio del Trabajo.
Las medidas tomadas por el Ministerio del Trabajo, como son el retiro parcial de cesantías, disminución del preaviso para la fijación de la época de vacaciones, entre otras, están orientadas a imputar los costos de la crisis a las prestaciones y derechos de los trabajadores, que invierte el principio de atención de los riesgos que descarta la asunción de «riesgos o pérdidas a los trabajadores».
Resulta deseable el especial control de las medidas de suspensión de los contratos de trabajo y despidos a través de la «fiscalización laboral rigurosa» prevista en la Circular 22 del Ministerio del Trabajo para garantizar que las medidas adoptadas en la crisis estén adscritas al desarrollo de los principios de estabilidad y continuidad del ingreso que inspiran al derecho del trabajo.
Sin duda, los 14 millones de trabajadores informales (66,3 %), sumados a la ausencia de respuestas de ingreso vital para trabajadores que no pueden adoptar la modalidad de teletrabajo (dos de cada tres personas no cuentan con las condiciones para teletrabajar), son los principales afectados en el mantenimiento de su mínimo vital, al tiempo que dificultan la efectividad de la política de aislamiento preventivo obligatorio como método de respuesta frente al COVID-19.
Se prevé un contexto de recesión económica posterior a la pandemia, que en cálculos de la Organización Internacional del Trabajo significará la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo a nivel global.
Lo anterior permite anticipar la demanda de profundización y focalización de políticas activas de empleo y la adaptación del sistema laboral al nuevo contexto, que requerirá incentivos específicos a la contratación laboral, disminuyendo costos fiscales y de aportes a la seguridad social sobre la nómina.
El sistema de servicios sociales complementarios del sistema de seguridad social que administran las cajas de compensación constituye el pilar de administración de la cobertura de riesgos socialmente relevantes (en este caso, el desempleo y/o la disminución de ingresos de los afiliados), que debe complementar la integralidad en la cobertura para articular verdaderos amortiguadores sociales que favorezcan el esquema de respuestas frente a la crisis.
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