Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Instituto Iberoaméricano de Derecho y Finanzas destaca las medidas para resolver rápidamente casos de insolvencia que incluyen a micro, pequeñas y medianas empresas.
El Banco Mundial resalta que el paquete de reformas legales implementado en Colombia es uno de los más completos a nivel internacional.
El Banco Mundial y el Instituto Iberoaméricano de Derecho y Finanzas destacaron las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en materia de insolvencia, como unas de las más avanzadas que permiten contar con un régimen expedito en materia concursal.
Por una parte, el grupo INSOL International del Banco Mundial, el cual agrupa asociaciones de abogados especializados en insolvencia, en su informe Global guide: measures adopted to support distressed businesses through the COVID-19 crisis indica que Colombia, junto con Singapur, han implementado algunos de los más completos paquetes de reformas legales a nivel internacional, al referirse a las medidas de emergencia adoptadas mediante el Decreto Ley 560 de 2020.
El Banco Mundial destaca puntos como el inicio y rapidez de los procedimientos de insolvencia.
«Algunas jurisdicciones, como por ejemplo Colombia, han implementado reglas para simplificar y reducir la duración de tiempo asociado con el comienzo y la duración de los procedimientos de insolvencia», señalan desde la entidad.
Otro de los puntos es la suspensión de la regla de recapitalización o liquidación.
«Varias jurisdicciones, particularmente en Europa y América Latina, requieren que los directores corporativos promuevan la recapitalización o liquidación de la compañía una vez que los activos netos caen por debajo de una cierta proporción de su capital legal», indica el informe.
Esta regla de «recapitalizar o liquidar» ha sido suspendida temporalmente en varios países, incluyendo Colombia, Italia y España.
Cabe destacar que el objetivo de las medidas contempladas en este decreto es crear un ecosistema de recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la economía proporcionando soluciones efectivas y ágiles, con el fin de afrontar eficazmente la crisis empresarial generada por el COVID-19.
Gracias al Decreto Ley 560 de 2020:
El Instituto Iberoaméricano de Derecho y Finanzas, otra de las organizaciones que destaca las medidas nacionales, centra su análisis en tres puntos:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
