Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La NIA 260 explica la responsabilidad que tiene el auditor de informar a los responsables del gobierno de la organización respecto a los hallazgos que se presenten en la auditoría de los estados financieros; asimismo expone los asuntos que deben ser objeto de comunicación.
Para identificar el papel que cumplen los diferentes actores en la labor de auditoría y la relación que tendrán con el auditor, vale la pena definirlos según lo expuesto en la NIA 260:
Responsables del gobierno: persona u organización responsable de la supervisión de la dirección de la entidad y de la información financiera de la misma. Los que cumplan como responsables, por estar relacionados con la rendición de cuentas de la entidad pueden incluir dentro de la mesa de trabajo miembros de la dirección de la empresa, socios o personas que no estén vinculadas con la entidad; este por lo general es el caso de las entidades públicas, ya que en estas la supervisión la ejerce un órgano que no hace parte de la entidad.
Dirección: persona o personas con la responsabilidad de dirigir y supervisar las operaciones de la entidad; conocidos también como administradores de la organización, estos pueden ser parte de los responsables del gobierno, gerentes o propietarios.
Como ya vimos, además de tener un entendimiento de la estructura organizacional y los roles de autoridad para comunicarse con las personas adecuadas, es de suma importancia que el auditor identifique claramente los miembros de la dirección y los responsables de gobierno, ya que estos pueden, en algunos casos, hacer parte de la dirección.
La relevancia de esta NIA y el motivo de su creación están dados por la importancia que tiene el desarrollo de una relación de trabajo íntegra, en la que el auditor a través de una comunicación eficaz pueda:
Un auditor debe tener presente que existen situaciones en las que los requerimientos legales le impiden comunicar información específica a los responsables de gobierno; esto sucede en algunas empresas que requieren una mayor restricción en la información, ya sea por políticas de protección de datos o por confidencialidad de la información. En este caso el auditor debe revisar las responsabilidades del órgano de gobierno, la naturaleza de la información a comunicar y las reglas o requerimientos legales que le limiten la difusión de cierta información.
Del mismo modo, el responsable de la auditoría debe informar de forma oportuna las responsabilidades que tiene a cargo, la planeación de la auditoría y el momento en el que va a realizarla; para hacer más eficiente este proceso puede preguntar a los responsables del gobierno información que considere relevante para enriquecer su labor.
Sumado a lo anterior, cabe recordar que todo auditor debe comunicar con detalle los hallazgos realizados a la información encontrada en los estados financieros, las cuestiones significativas que considere relevantes y las diferentes situaciones que permitan mitigar el riesgo de incorrección material, ya sea esta por error o por fraude.
Además, también debe emitir una opinión conforme a los aspectos cualitativos que considere importantes de las prácticas contables de la entidad, las políticas contables y la información revelada en los estados financieros. Al momento de reunirse con los responsables de gobierno, el auditor debe explicar los motivos por los que considera que algunas prácticas contables no van a lugar y exponer, según los nuevos marcos técnicos normativos, por qué llegó a esa afirmación.
Otros aspectos importantes a comunicar son las limitaciones que encontró por parte de la administración para poder ejercer su labor y las diferentes dificultades surgidas durante la realización de la auditoría como: retrasos en la entrega de la información solicitada a la dirección o la ausencia de esta información, la falta de disposición por parte de la dirección para valorar la capacidad de la entidad para continuar en marcha, la necesidad de tener que realizar un esfuerzo mayor de lo que esperaba para obtener evidencia suficiente o que se le imponga un plazo demasiado corto para completar la labor de auditoría.
El auditor debe elaborar una declaración en la que especifique que él y su grupo de trabajo, o personas pertenecientes a la firma de auditoría, han cumplido con los requerimientos éticos aplicables al principio de independencia. Esta declaración debe incluir el alcance de la auditoría y a su vez todas las características de la misma, valor que paga la entidad por la auditoría, períodos revisados por el auditor y actividades relacionadas con la misma; el auditor documentará todo el proceso de auditoría, incluso la información que sea entregada de forma verbal a través de informes y papeles de trabajo. Cabe resaltar que la independencia del auditor debe ser la misma, ya sea que opere para el sector público o privado, indistintamente del lugar asignado para la labor de auditoría.
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