¿Por qué una colegiatura sería negativo y sinónimo de privatizar la profesión contable?
Juan Fernando Mejía que los dos proyectos de colegiatura, que buscan ser aprobados, le cobrarían a los contadores públicos un impuesto indirecto. Frente a las sanciones, dice que no se plantean cambios a fondo a las situaciones actuales donde muchas veces se sanciona a los pequeños, pero no a las grandes firmas. Juan Fernando Mejía, […]
Juan Fernando Mejía que los dos proyectos de colegiatura, que buscan ser aprobados, le cobrarían a los contadores públicos un impuesto indirecto.
Frente a las sanciones, dice que no se plantean cambios a fondo a las situaciones actuales donde muchas veces se sanciona a los pequeños, pero no a las grandes firmas.
Juan Fernando Mejía, contador público certificado IFRS por el ACCA y por el Banco Mundial, docente y CEO de globalcontable.com, afirma en #CharlasConActualícese que hay un par de proyectos que buscan privatizar las funciones estatales de vigilancia profesional contable, uno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP- y el segundo de la Junta Central de Contadores -JCC-.
Sobre el primero, el de las mesas de trabajo del CTCP, como lo llama Mejía, desde su punto de vista 300 contadores han sido convocados por la entidad y dicen que representan a los casi 300.000 contadores que hay en el país, lo que desde su punto de vista no es una democracia participativa más no representativa.
En septiembre de este año, el Comité de Antioquia propuso pertenecer a una colegiatura obligatoria. La propuesta indica que los contadores públicos deberán pagar «cuotas de inscripción, cuotas mensuales de sostenimiento, cuotas extraordinarias, pagos de inscripción de los solicitantes a contadores y sociedades de contadores, pagos por la renovación de las tarjetas profesionales, por la expedición de certificaciones y por legados y donaciones».
Para él, lo anterior se convertiría en un impuesto indirecto que se le pagaría a una colegiatura profesional contable de carácter obligatorio, no al Estado.
El segundo proyecto se presentó por parte del director de la JCC, con fecha de septiembre de este año (Ante proyecto de Ley Estatutaria Convergencia Contable II).
Llama la atención que en este proyecto se habla de un «todos ponen»: «todo contador profesional que aspire a certificar, dictaminar o dar fe pública sobre actos de comercio o ejercer la profesión conforme a la ley, deberá aportar un 1 % de los valores que a cualquier título reciba de la persona natural o jurídica contratantes, valores que serán consignados por estos últimos con destino al Colegio de Contadores Profesionales de Colombia».
Mejía puntualiza que en este proyecto se una el término de contador profesional no contador público, lo que tiene muchas implicaciones. Explica que los contadores públicos serían quienes hagan auditorías financieras y los demás serían contadores profesionales.
El común denominador de los dos proyectos
Estos dos proyectos presentan aspectos en común. Uno de ellos es que cada autor critica al proyecto del otro. De igual forma, ambos requieren desembolsos adicionales a los actuales. Se podría pensar también en que sea una estrategia para que salga un político «salvador» que seleccione el proyecto «menos malo».
En general, estos proyectos tocan temas como la formación profesional; la certificación profesional a través de una recertificación con un examen del Estado periódico; la acreditación profesional, lo que significa ponerle una fecha de vencimiento a la tarjeta profesional; también se habla de una supervisión preventiva con bases de datos.
«Frente a las sanciones, no se plantean cambios a fondo a las situaciones actuales donde muchas veces se sanciona a los pequeños. Existen expedientes que tratan casi de delincuentes a quien tiene 6 revisorías fiscales y pocas veces sancionan a firmas grandes. Hasta se nos investiga por opinar, como me pasó a mí», afirma Mejía. «Si con el Estado es difícil, con una colegiatura privada se agravaría todo este problema», agrega.
¿Por qué se le debe decir no a la colegiatura?
Mejía recuerda las palabras de Tito Livio Caldas, abogado y fundador de Legis, para quien las colegiaturas terminan siendo una estructura burocrática que favorecen intereses particulares.
También limitan la competencia y se convierten en entes paquidérmicos y burocráticos. Además, acaban con la libertad de trabajo de los profesionales no afiliados e impiden la libre competencia.
Son organismos con funciones públicas, pero de iniciativa privada, lo que hace que caigan en desviaciones, abusos y «roscas inamovibles y corruptas».
El llamado a la unión de la profesión
El llamado de Mejía es claro. «Los contadores públicos debemos estar unidos, pero no en un colegio obligatorio, sino a través de mecanismos electrónicos, a través de las redes sociales, los grupos de estudios tributarios, por ejemplo», dice.
Desde su punto de vista, debemos trabajar de la mano porque no podemos permitir que los políticos que están en el Congreso de la República, en los organismos oficiales del Estado o los profesionales, creen este tipo de proyectos sin la debida democracia participativa. «Estos proyectos no nos representan a todos», enfatiza.