Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Leonardo Varón afirma que el Gobierno debe emitir sus normas y especificar lo que espera del profesional, pero la forma cómo debe realizarse el trabajo es un asunto de la profesión y de su órgano colegiado.
José Ramírez dice que la labor disciplinaria de la JCC y del organismo normalizador de la profesión, como el CTCP, son importantes.
En este segundo artículo que publicamos por motivo del Día del Contador Público en Colombia, y que iniciamos el 22 de febrero de 2021 con nuestro reportaje Academia debe pensar en reformar planes de estudio de contadores públicos y enfocarse en el perfil profesional, invitamos a Leonardo Varón García, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP-, y a José Orlando Ramírez Zuluaga, director general de la Junta Central de Contadores -JCC-.
Ellos, como representantes de dos de los organismos que rigen la profesión contable en el país, opinan sobre cómo debe ser el actuar, tanto del CTCP como de la JCC, en este proceso de modernización.
Varón García afirma que la profesión contable ha basado sus pilares en la fe pública y la revisoría fiscal, de manera contraria a lo que sucede actualmente a nivel internacional.
«Las normas profesionales deben ser un tema de mejores prácticas internacionales, si una profesión no se mueve en dicha dirección estará condenada al fracaso como práctica profesional», dice.
Narra que cuando una persona estudia contaduría pública lo hace para obtener conocimientos de una profesión que está al servicio de la confianza pública, al servicio de los usuarios de la información financiera.
Posteriormente, se entera que la profesión no consiste sino en firmar una serie de requerimientos que todas las autoridades se lo exigen, aduciendo que tiene independencia, mientras firma sin tener, en muchos casos, conocimiento de las implicaciones que ello conlleva.
Dice que la profesión debe ser gobernada, como en el mundo y en las demás profesiones, por la misma profesión. «El Gobierno debe emitir sus normas profesionales y especificar lo que espera del profesional, pero la forma cómo debe realizarse el trabajo es un asunto de la profesión y de su órgano colegiado», explica.
En ese orden de ideas, la JCC y el CTCP podrían tender a su eliminación, debido que tienen intereses y compromisos, como entidades diferentes a los netamente profesionales.
Lo fuerte de una democracia es su sociedad civil, y esto no se obtiene cuando desde las entidades del Estado se emiten todas las directrices. «Parece que la modernidad incluye las mejores prácticas, lo que indica un organismo profesional fuerte , por supuesto cumpliendo las normas legales, pero participando en su elaboración y cambio propositivo para el país», dice.
Opina que la CGN es una entidad del Gobierno y debe seguir siéndolo, es el rector de la contabilidad pública.
«A mi gusto debe realizar mejoras, pero claramente es una entidad de Gobierno encargada de emitir información contable pública (también debería encargarse de la información presupuestal), debe seguir haciéndolo», recalca.
Le hubiera gustado que la pandemia haya cambiado al profesional, pero creo que solo lo adaptó. «En la práctica profesional a los contadores no se les exige una capacitación continua, ni requisito alguno en cuanto a capacidades, por lo que siempre se adaptarán a los requisitos legales», dice.
Dice que el perfil del profesional es el mismo, alguien que cada día conoce menos de impuestos, finanzas y aseguramiento, alguien que es obligatorio tenerlo en la entidad, pero que su juicio profesional no se ha impuesto sobre la elaboración de la información financiera.
Y deja una reflexión: “No hay nada mejor que seguir negando lo que nos sucede y seguir defendiendo a muerte la revisoría fiscal, en un país con problemas de corrupción, problemas de lavado de activos, y otros muchos males”, si esta es la premisa, creo que no hemos cambiado en nada.
Por su parte José Orlando Ramírez Zuluaga afirma que uno de los temas que se deben modernizar es darle más gobernanza a la profesión.
«Se debe entregar la función de registro e inspección a la profesión organizada y de manera especial, validando los esfuerzos que por más de 50 años la profesión ha ido construyendo en las asociaciones de contadores de las universidades que tienen su programa de contaduría, pero de manera especial las que tienen su programa acreditado», explica.
Para él, también es importante establecer por ley la educación profesional continuada y el examen periódico a los contadores en ejercicio. «Pensamos que la labor disciplinaria debe permanecer en cabeza del Estado», agrega.
Frente al papel que debe cumplir en esta modernización la JCC, Ramírez Zuluaga afirma que la labor disciplinaria y el organismo normalizador de la profesión para el sector privado y para las empresas industriales y comerciales del Estado, como son la JCC y el CTCP, en asocio con las superintendencia deben definir un único o los catálogos de supervisión necesarios, que unifique por parte del Estado la forma de rendición de cuentas del sector privado al Gobierno nacional.
«Por lo complejo del sector público y la dinámica tan distinta a la del sector privado, esta labor debe seguir siendo liderada de manera independiente por el Contador General de la Nación para el sector Gobierno», puntualiza.
Hablando del perfil profesional en medio de la pandemia, cree que esta situación obligó a la profesión contable a entender las inmensas bondades que se tienen en la tecnología para potenciar los negocios y la administración de la información.
«De manera especial, la tecnología nos ha acercado más a los esfuerzos que adelanta la comunidad internacional, en procura de estandarizar y potenciar las mejores prácticas, actividades que a nivel mundial lidera la Junta Internacional de Normas de Contabilidad –IASB- y la Federación Internacional de Contadores –IFAC-«, señala.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
