Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Daniel Bulla, un fenómeno siempre en contra de lo bueno del sistema tributario es el exceso de beneficios sin justificación.
El Estatuto Tributario debe simplificarse mediante una política fiscal menos compleja y, sobre todo, mucho más progresiva y equitativa.
Para Daniel Bulla, gerente senior de Impuestos de Binder Dijker Otte –BDO– Colombia, cobrarles impuestos a las multinacionales tecnológicas es una buena estrategia, pero no se puede caer en el error de recargar o asfixiar con impuestos a un sector.
La práctica OCDE, que constituye el referente con el cual deberíamos medirnos hoy, señala que el universo y nivel de recaudo de personas naturales del país son bajos, y se han apalancado básicamente en la masa de asalariados con un ingrediente no menor, una carga parafiscal paralela que recae fuertemente sobre compañías.
Es evidente que sí se debe ampliar este espectro de contribuyentes, preferiblemente de dos maneras. La primera, activando para la vida tributaria grupos de potenciales contribuyentes que han estado motu propio o por la misma complejidad del sistema para formalizarlos fuera del radar, y la segunda, haciendo más progresivas las tarifas de los asalariados.
Sin duda, el sistema tributario colombiano, aunque tiene defectos, no es tan malo como se piensa, es un marco fiscal que ha aprendido de los errores, que se ha nutrido de figuras y experiencias internacionales, y ha tenido meridianamente claros los objetivos y las formas de conseguirlos.
Sin embargo, un fenómeno que siempre ha ido en contra de todo lo bueno que se construye y se aprende es el exceso de beneficios sin justificación. Nadie dice que los beneficios fiscales no sean un recurso de política económica, es una práctica válida, pero el problema en el país es que existen muchas exenciones que no corresponden a una real necesidad macroeconómica.
Lo es. Internacionalmente hay consenso en que es un nicho de capacidad económica que no puede quedarse sin contribuir a las cuentas públicas. En lo que hay que tener cuidado es en no caer es en el error de recargar o asfixiar con impuestos a un sector; la forma en que se deben gravar debe ser razonable o se restaría a la innovación que estas empresas generan, al afectar a los usuarios de estas tecnologías mediante una elevada carga de impuestos.
Esta es una apuesta necesaria. El aporte de estos impuestos es contraintuitivo, habida cuenta de que en esencia no persiguen recaudo, sino que buscan desincentivar el uso de combustibles fósiles o disminuir la emisión de gases con efecto invernadero negativo, con lo que al final del día el beneficio no se mide en recaudo, sino en bienestar; es decir, económicamente se implementa un impuesto verde que da ingresos, pero que en el mediano plazo ahorra costos y gastos devenidos de la contaminación.
El Estatuto Tributario, más que eliminarse y crearse uno nuevo, tiene que simplificarse mediante una política fiscal menos compleja y, sobre todo, mucho más progresiva y equitativa.
El problema no es tener un Estatuto Tributario complejo, el tema pasa por tener defectos en el ordenamiento que distorsionan las cargas tributarias, como las pocas herramientas para atacar la informalidad, el exceso de beneficios sin ponderación y la sobrecarga a los contribuyentes tradicionales.
Es el recurso natural que surge en épocas de vacas flacas; sin duda, siempre será fácil utilizar la carta de demandar más contribución a los que más tienen. No obstante, en un escenario racional, el que más tiene hoy debió tributar más cuando generó esa riqueza y tributar de nuevo es un doble impacto económico. Esto no es un buen mensaje, puede caer en desmotivar la inversión e incentivar el ocultamiento.
Puede manejarse de forma muy transitoria y contingente un aporte extra de este tipo de sujetos pasivos, pero de forma permanente nunca debe optarse por estas medidas; las respuestas deben analizarse más a fondo.
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