Etiqueta: agosto 17 2017

El CTCP indica que la contabilización de un contrato de participación dependerá de los derechos y obligaciones de los participantes que hayan sido incorporados en el contrato.

La Supersociedades señala que la enajenación de activos hace referencia a un mecanismo de integración que se logra a través de una acción de reorganización societaria en la cual la compañía transfiere una parte o la totalidad de sus activos y/o pasivos y por esto recibe a cambio dinero o acciones de la empresa que los adquiere, en este último caso, la operación de intercambio conlleva a que la sociedad adquirente consolide su patrimonio con el de la sociedad vendedora, la que subsiste como inversionista con un único activo representado en las acciones que reciba como pago. Ahora bien, en uno u otro caso la enajenación de activos y pasivos puede hacerse en forma total o parcial, sin que en el primer evento la sociedad deje de existir. Si embargo, la operación puede recaer sobre un activo o un pasivo en particular y no necesariamente sobre un conjunto patrimonial de activos y pasivos, pero basta que la negociación supere el 50 % del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de la enajenación para que se configure la enajenación global de activos.

El soporte para el reconocimiento y pago de viáticos así como de gastos de viaje o de transporte para el contratista de prestación de servicios debe estar contemplado en las cláusulas del contrato suscrito con la entidad, el cual a su vez se soporta en el estudio previo que determina las obligaciones del contratista en atención a las necesidades específicas de la administración.

Respecto a si un contribuyente que no deduce el impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de bienes de capital de acuerdo con el artículo 115-2 del ET, puede capitalizarlo y considerarlo base de depreciación fiscal, el CTCP aclara que en la adquisición de propiedades, planta y equipo el impuesto pagado que no es recuperable ni reembolsable debe formar parte del costo del activo.

El artículo 365 de Constitución Política señala que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y en desarrollo de tal precepto el artículo 4 de la Ley 142 de 1994 le dio la calificación de esenciales, lo que hace necesario que tanto los usuarios, como las personas que los presten tengan una especial protección por parte de las autoridades para el ejercicio de los derechos que las leyes les confieren. Con ese propósito, el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 adoptó el mecanismo preventivo del amparo policivo, el cual constituye un mecanismo dirigido a restablecer los derechos de un prestador cuando los mismos han sido perturbados, sin que importe en cada caso concreto la valoración jurídica relativa al derecho real o personal que el actor que impide el ejercicio del derecho pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, ocupación, etc.).

La Corte Constitucional reitera que en ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable respecto de las funciones esenciales del cargo que se va a desempeñar. De igual manera, señala que a las personas con discapacidad no se les puede negar, condicionar o restringir el acceso a un puesto de trabajo, público o privado, o a la obtención de una licencia para ejercer cualquier cargo, con fundamento en la discapacidad respectiva, a menos que se demuestre que la función que se encuentra afectada o disminución resulta imprescindible para las labores esenciales del cargo o empleo respectivo. En cuanto a las personas que se encuentran pensionadas por invalidez, la corte precisa que tampoco se les puede restringir el acceso a un puesto de trabajo, ya que, aunque exista una pérdida de capacidad laboral superior al 50 %, ello no implica que la persona no pueda desarrollar una actividad productiva de acuerdo con sus competencias.

El Ministerio de Hacienda señala que para efectos de liquidar los intereses de mora por concepto de impuesto predial o de industria y comercio los municipios deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 635 del Estatuto Tributario, sin que les sea permitido establecer tasas de interés distintas.

El Ministerio de Hacienda precisa que, de acuerdo con la Ley 1575 de 2012, los concejos municipales pueden establecer un tributo municipal denominado “sobretasa” que puede recaer como un porcentaje que se liquida sobre el monto de uno de los impuestos de su propiedad, como son, el impuesto de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana o impuesto predial. Dicha sobretasa tiene como destino financiar la actividad bomberil y otras actividades tendientes a la mitigación y atención integral del riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención de desastres. Así mismo, cabe señalar que para la ejecución de los recursos que se recauden por esta sobretasa, el servicio debe ser ejecutado por instituciones bomberiles oficiales o mediante la contratación de cuerpos de bomberos voluntarios.