Luego de que la Corte declarara la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, el Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto que le daría continuidad. Sin embargo, en el mismo se repiten varios defectos que deberían ser corregidos durante su trámite. Entre tales errores podemos destacar los siguientes:

Erick Thompson, de KPMG, afirma que si se reaprueba la Ley de financiamiento, con el paso de los años y cifras en mano, se comparará el comportamiento del recaudo con el del crecimiento económico en Colombia. Así se sabrá si la inconstitucionalidad de la Ley 1943 es sinónimo de aumentar el recaudo.

La exención del IVA a bienes de capital, dejando sin sustento la posibilidad de descontar este tributo cuando se adquieran o construyan bienes y servicios, y la reducción de las tarifas del impuesto de renta que perderían las empresas que impulsan la generación de empleo, se verán afectadas.

El Ministro de Hacienda anunció que radicará en el Congreso el mismo texto de la Ley 1943 de 2018, declarada inexequible por la Corte en su Sentencia C-481 de octubre 16 de 2019. No obstante, existen textos que sí deberán ser forzosamente modificados, pues solo se podían aplicar durante el 2019.

De acuerdo con la Sentencia C-481 de octubre 16 de 2019, si el Congreso no produce una nueva ley antes de diciembre 31 de 2019, que reemplace a la Ley 1943 de 2018, en el 2020 revivirá la misma tributación que existía al cierre de 2018, complementada con los cambios de la Ley 1955 de mayo de 2019.

A continuación reproducimos las palabras de Iván Duque luego de conocer que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley de financiamiento por vicios de trámite.

La Ley de financiamiento, con la cual el Gobierno del presidente Iván Duque buscó soluciones para parte del presupuesto de 2019 y hacer cambios en materia tributaria, fue tumbada por la Corte Constitucional. Este sería el escenario al cual nos expondríamos los colombianos.

Los gremios económicos del país se han manifestado sobre las consecuencias de que la Corte Constitucional declarara como inconstitucional la Ley de financiamiento. El crecimiento económico podría desacelerarse hasta 0,9 puntos porcentuales y el recaudo tributario caería 1,6 billones de pesos en 2020.

El 16 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-481, la Corte Constitucional declaró inexequible en su totalidad la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), pues la Cámara dio luz verde al texto aprobado un día antes por el Senado, sin que se hubiera publicado en la gaceta del Congreso, desconociendo así los principios de publicidad y consecutividad. También se estipula que la declaración de inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020.
La Corte Constitucional advierte que, en caso de que para el 31 de diciembre de 2019 no se haya promulgado y publicado una nueva ley, para el 2020 los contribuyentes tendrían que enfrentarse a la misma tributación que existía al cierre de 2018.

Hoy la Corte Constitucional decidirá si declara o no la exequibilidad de la Ley de financiamiento, luego de múltiples demandas desde diferentes sectores por vicios de trámite y artículos en particular.

Esta semana la Corte Constitucional decidirá si declara o no la exequibilidad de la Ley de financiamiento, luego de múltiples demandas desde diferentes sectores por vicios de trámite y artículos en particular.

Para Myriam Gutiérrez, de KPMG, frente al escenario de la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 se debe evitar la crisis fiscal. El exdirector de la Dian, Gustavo Cote, dice que los decretos reglamentarios perderían vigencia. Juan Manrique indica que el país volvería al régimen tributario anterior.

Según Fedesarrollo, en caso de declararse inexequible la Ley de financiamiento y asumiendo que este hecho regiría a partir de 2020, se disminuirían los ingresos tributarios del Gobierno Nacional como porcentaje del PIB.

El Gobierno ya tiene las cuentas claras de cuánto le costaría al país la posible declaratoria de inconstitucional de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional.

El ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, fue enfático en que nada sería más nefasto para Colombia que la Corte Constitucional tome la decisión de tumbar la Ley de financiamiento.

Myriam Gutiérrez, socia de impuestos y servicios legales de KPMG afirma que Colombia requiere una reforma estructural que comprenda la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones a nivel nacional y territorial, en aras de la confianza y seguridad jurídica para los contribuyentes e inversionistas.

Entre los temas de mayor impacto en la actualidad, se encuentra la expectativa ante la posible caída de la actual reforma tributaria, Ley de financiamiento 1943 de 2018. Todo indica que en octubre del año en curso la Corte Constitucional decidirá si la misma es declarada inconstitucional o no.

Rafael de la Cruz, representante del BID, asegura que Colombia necesita los recursos generados por la Ley 1943 de 2018, para que el país se desarrolle en el corto tiempo.

El director de la Dian, José Andrés Romero, advirtió que si la Corte Constitucional toma la decisión de tumbar la Ley de financiamiento dejaría de llegar inversión extranjera a Colombia.

Para el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, es triste que la Corte Constitucional se desgaste en temas procedimentales.