En el proceso de cobro coactivo, antes de practicar el secuestro de los bienes del contribuyente, el funcionario de la Dian debe determinar la relación costo-beneficio. Si el resultado es inferior a 1 se debe continuar con la ejecución del bien, de lo contrario se debe levantar la medida cautelar.

El 12 de diciembre de 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 2091 para reglamentar los artículos 838 y 840 del ET modificados por la reforma tributaria estructural y que hacen referencia al avalúo de los bienes embargados y al remate de bienes respectivamente.

Con la Ley 1066 de 2006 se empezó a contemplar un límite de inembargabilidad aplicable de forma exclusiva a procesos de cobro coactivo que adelante la Dian contra las personas naturales. El artículo 837-1 del ET es claro al indicar que para las personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.

La acción de cobro coactivo, hace referencia a la potestad que tiene la Dian para hacer exigibles las deudas que tiene el contribuyente con la entidad; según el artículo 817 del ET prescribe a los cinco años. De no haberse cumplido dicho término, la Dian puede iniciar el proceso de cobro coactivo.

La Dian, mediante un proyecto de norma, establecerá los criterios para realizar el cálculo de la relación costo – beneficio en el proceso de cobro coactivo.

En el proceso de cobro coactivo, antes de practicar el secuestro de los bienes del contribuyente, el funcionario de la Dian debe determinar la relación costo-beneficio de estos. Los criterios a tener en cuenta al momento de calcular dicha relación serían estipulados mediante resolución de la Dian.