Etiqueta: septiembre 7 2017

La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá, además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Como depositario de la confianza pública, el contador público da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Así mismo, cabe señalar que cuando se considere que las actuaciones del contador público han puesto en riesgo los intereses de quien hace uso de sus servicios se podrá presentar queja formal, debidamente documentada, ante el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, organismo encargado de la inspección y vigilancia de la profesión, para garantizar que la Contaduría Pública sea ejercida de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones.

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 1.6.4.3.3 del Decreto 927 de 2017, el monto a transar respecto de las sanciones es el propuesto o determinado en los actos administrativos objeto de solicitud; quiere decir ello que, tanto el monto de los mayores valores del impuesto como los relativos a sanciones e intereses son los que se encuentran en el respectivo acto administrativo que el contribuyente desea terminar por mutuo acuerdo. No aplica en este caso el principio de favorabilidad.

Considerando que de acuerdo con la Ley 675 de 2001 las copropiedades están obligadas a llevar contabilidad, estás deben aplicar los nuevos marcos técnicos normativos dependiendo del grupo en el cual se encuentren clasificadas. En el caso de las copropiedades de uso residencial, es probable que deban ser clasificadas en el grupo 3, el cual está conformado por principios contables cuya base de medición es el costo histórico y requiere solo la presentación de un balance y un estado de resultados junto con sus notas. Las simplificaciones para el reconocimiento, medición, presentación y revelación contenidas en este marco de principios, que ha considerado las distintas necesidades de los usuarios y restricciones de costo-beneficio en las microempresas, se supone que facilitan el tránsito del marco de principios anterior y el nuevo marco de información financiera. Así mismo, cabe señalar que en este caso es mas apropiado referirse a un marco de principios simplificado y no a las normas internacionales de información financiera.

La Dian precisa que los costos y deducciones de las cédulas no laborales y de capital pueden ser objeto de disminución (y sin límite) si tienen relación de causalidad con la renta y cumplen todos los requisitos de acuerdo con la regulación de las rentas cedulares y su depuración señaladas en el artículo 1º y siguientes de la Ley 1819 de 2016. Por otra parte, precisa que el artículo 512-14 del ET reguló el régimen simplificado del impuesto nacional al consumo, imponiéndole las obligaciones del artículo 506 del ET que son las obligaciones que tienen los responsables del régimen simplificado del IVA, asimilando las obligaciones que deben cumplir los responsables del régimen simplificado de los impuestos.

Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan, así como los que se remodelen y/o amplíen el servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio de Medio Ambiente, y los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra, se encuentran gravados con el impuesto sobre la renta y la tarifa del 9 %, por el término durante el que se le concedió la renta exenta inicialmente, estando exonerados del pago de aportes parafiscales y salud correspondiente a sus trabajadores que devenguen menos de 10 smmlv. Dichos ingresos también estarán sometidos a retención en la fuente.

La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia reitera que el contenido normativo de los artículos 239, 240 y 241 del CST (prohibición de despedir a una mujer en estado de embarazo o lactancia, permiso para despedir y nulidad del despido, respectivamente), distingue el tiempo de protección o amparo de la trabajadora lactante por razón de tal condición o estado, que es de seis meses, del tiempo de presunción del móvil del despido por dicha condición o estado, que es el equivalente a los tres primeros meses de dicho período. Tal distinción sirve para dejar claro que esta protección obra en favor de la trabajadora lactante con el objeto de garantizar la estabilidad y continuidad del vínculo laboral que le ata al empleador durante el semestre siguiente al parto, de modo que no puede afectarse su ejecución durante tal período por el mero estado o condición de trabajadora lactante, pues de ocurrir ello el despido no puede producir ningún efecto, dando derecho a la trabajadora para ser restituida al mismo estado en que se hallaría si no hubiese existido el acto del despido, siguiendo así las disposiciones del artículo 1746 del Código Civil colombiano.

El CTCP señala que a través del artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 también se estableció la obligación de aplicar los nuevos principios contables a las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad.

Las personas naturales que no ejerzan actividades de comercio o actividades mercantiles, aunque pertenezcan al régimen simplificado, no están obligadas a llevar contabilidad. Por el contrario, aquellas que realicen actividades de comercio y cumplan los requisitos del artículo 499 del ET deben llevar contabilidad y, por ende, aplicar el marco técnico normativo contenido en el Decreto 2706 de 2012.