Abaratar costos no laborales sería sinónimo de crear puestos de trabajo y formalidad laboral
Esta es una hipótesis de Anif. Hoy la informalidad laboral se acerca al 50 % y solo el 15 % de la población económicamente activa contribuye mensualmente a seguridad social. Aprobar cargas laborales sobre las empresas con primas adicionales, por encima de las existentes, sería una mala estrategia.
Esta es una hipótesis de Anif. Hoy la informalidad laboral se acerca al 50 % y solo el 15 % de la población económicamente activa contribuye mensualmente a seguridad social. Aprobar cargas laborales sobre las empresas con primas adicionales, por encima de las existentes, sería una mala estrategia.
En su informe semanal del 16 de septiembre de 2019, titulado Desempleo en Colombia y ajustes estructurales, Anif plantea el argumento que busca responder a la inquietud del por qué estos últimos meses la tasa de desempleo no ha dejado de subir.
La entidad muestra cómo el mercado laboral colombiano se ha venido deteriorando de forma preocupante, pasando de un desempleo promedio del 10 % entre enero y julio de 2018, a uno del 10,9 % durante el mismo mes de 2019.
«El Gobierno dice no tener una explicación al respecto. Pero es apenas obvio que, frente a una desaceleración del ciclo económico global-local, lo peor que pudo haber hecho la actual administración fue incrementar los costos de contratación de mano de obra a través de un ajuste exagerado del salario mínimo (+3 puntos reales) para este 2019», indica la publicación.
Sumado a lo anterior, el Gobierno nacional no ha expresado todavía su rechazo a las iniciativas que pretenden agravar esta situación laboral. Por su parte, Anif resalta cómo el Congreso pretende aprobar cargas laborales sobre las empresas a través de “primas” adicionales, por encima de las ya existentes, como son la prima en junio, prima en diciembre, pago de cesantías, pago intereses sobre las cesantías, dotación, entre otras, «todo lo cual representa un multiplicador de costo del + 50 % sobre el salario pactado».
Además del problema estructural de los elevados costos de contratación laboral en Colombia, se cuenta con dos agravantes más:
- La presión sobre la oferta laboral de cerca de 1,5 millones de inmigrantes venezolanos.
- La baja dinámica en la generación de empleo.
La publicación indica que, aunque la migración ha tenido un impacto, si se piensa que el problema son los inmigrantes, es porque no se ha entendido bien que se trata de los elevados costos al momento de contratar, y que lo que se requiere es abaratar estructuralmente la contratación de mano de obra.
Pese a la presencia de los inmigrantes, para Anif es sorprendente que la tasa de participación laboral registre un descenso del -0,5 % en lo que va de 2019, lo cual amerita un estudio, pues su reversión sorpresiva agravaría aún más la situación laboral.
Soluciones a la vista
Anif destaca que el país ha avanzado en formalización laboral, y hace énfasis en un marco regulatorio un poco más flexible, como la Ley 1429 de 2010, que reglamentó el subsidio en parafiscales laborales para pymes; la Ley 1607 de 2012, que desmontó 13,5 puntos porcentuales de costos no salariales; y el Decreto 2616 de 2013, que habilitó las cotizaciones a la seguridad social por semanas.
«Sin embargo, los indicadores oficiales de informalidad laboral todavía bordean el 50 % y, al referirnos a la densidad de las cotizaciones, se tiene que tan solo un 15 % de la población económicamente activa –PEA– contribuye todos los meses a la seguridad social», indica Anif.
Desde el punto de vista de la entidad, si Colombia continúa abaratando los costos no laborales de contratación de mano de obra, se contaría con beneficios como la creación de cerca de 175.000 nuevos puestos de trabajo al año y el incremento de la formalidad en cerca de 300.000 nuevas personas anualmente.
Con lo anterior se lograría:
- Establecer un mecanismo de protección al cesante, limitando el monto del retiro de las cesantías en función del salario y el valor acumulado, para que funcionen como un verdadero seguro al desempleo, y cuyos desembolsos sean mensuales.
- Aplicar topes a los costos de despido.
- Que el ajuste del salario mínimo se ajuste a la regla universal, para que los incrementos reales no superen las ganancias en productividad laboral, complementando el Decreto 36 de 2015 del Ministerio de Hacienda, que castiga presupuestalmente tales desvíos.
- Implementar un salario mínimo diferencial para los jóvenes menores de 25 años en período de aprendizaje (75 % de un salario mínimo).
- Instaurar un sistema de escrutinio de las incapacidades médicas para evitar su falsificación.
- Crear alternativas profesionales en la secundaria para promover la opción vocacional-técnica.