La ley 1537 de 2012 determina que el acceso a subsidios familiares de vivienda en especie implica el cumplimiento de los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno nacional. En el artículo 13 establece tener en cuenta criterios de focalización para el acceso a dichos subsidios, por parte de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, el pueblo Rrom y las comunidades raizales.
Por lo anterior, el 28 de enero de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 119, mediante el cual establece criterios de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas, por parte de los hogares que pertenezcan al pueblo Rrom o gitano, en atención a su situación de vulnerabilidad.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica cuáles son las obligaciones que la ley le impone al revisor fiscal frente a la lucha contra el lavado de activos, entre las que se encuentra la de reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que encuentre en el desarrollo de sus labores.
A través del Concepto 29 (635) de enero 14 de 2020 la Dian precisa que quienes no declararon, liquidaron y pagaron el impuesto al patrimonio por el 2019, estando obligados a ello, podrán presentar extemporáneamente la declaración, liquidando el impuesto y las sanciones e intereses correspondientes, sin perjuicio de las acciones de fiscalización que ejerce la administración tributaria.
La Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas presentó el informe de que trata el inciso final del artículo 5.° de la Resolución 00048 del 10 de octubre de 2018, respecto de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores propuestos para que les sea retirada la calificación de gran contribuyente.
Por lo anterior, le fue retirada la calificación de gran contribuyente a un número aproximado de 120 contribuyentes, declarantes, responsables y/o agentes de retención. Cabe resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 437 del ET, los grandes contribuyentes, automáticamente, pasaban a ser agentes retenedores del IVA en la adquisición de bienes y servicios gravados. En consecuencia, al ser excluidos de la calificación de grandes contribuyentes, pierden la calidad de agentes de retención de dicho impuesto.
Con base al Decreto 2360 de 2019, en el que se establece un incremento del 6 % en el salario mínimo legal mensual vigente –smmlv– y el índice de precios al consumidor –IPC– certificado por el Dane para el 2019, que fue de 3,80 %, se presentan los siguientes reajustes pensionales para el 2020:
– Pensión mínima será de $877.803.
– Pensiones superiores al salario mínimo legal mensual vigente se reajustará en 3,80 % durante el 2020.
La norma en mención también contempla la reducción del porcentaje de cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados para los años 2020 y 2021, entre otros aspectos.
La Dian establece procedimiento y aplicación de los ET 869, 869-1 y 869-2 referidos al abuso en materia tributaria. También establece las facultades de la administración, la aplicación de la norma de abuso en materia tributaria y en los convenios o tratados, y el procedimiento especial, entre otras.
La Supersociedades concluye que cuando un accionista fallece debe aplicarse el régimen de sucesiones, considerando que se trata de una norma de orden público. También aclara que sí es posible aplicar el régimen de sucesiones en materia testamentaria con el propósito de que el titular de las acciones de la SAS las adjudique a la persona que estime pertinente.
Por otra parte, la entidad en mención recordó que las acciones de una S.A.S. sí pueden estar radicadas en cabeza de una fiducia mercantil, siempre y cuando en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, para que esta ejerza los derechos inherentes a las acciones, de acuerdo con las instrucciones dadas por el fideicomitente.
La Supersociedades reitera que no ha realizado pronunciamientos frente al conflicto de interés de los socios en una compañía, pero sí se ha pronunciado frente a la responsabilidad de los socios; especialmente, con respecto a áreas como las causales de exclusión, los conflictos que suelen ser analizados a la luz del abuso del derecho de voto y la desestimación de la personalidad jurídica.
Asimismo, cabe recordar que los artículos 39, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008, abarcan temas que pueden ser utilizados por la sociedad para encaminar las acciones a fin de proteger los derechos de cada asociado.
El artículo 8 de la Ley 44 de 1990 establece que el valor de los avalúos catastrales se debe reajustar anualmente a partir del 1 de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– y que no puede ser superior a la meta de inflación para el año en que se define el incremento.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la Junta Directiva del Banco de la República informó que la meta de inflación proyectada para el año gravable 2019 es de 3 %, y que el CONPES conceptuó que el reajuste de los avalúos catastrales para predios urbanos no formados y formados con vigencia de 2018 y anteriores, y los predios rurales dedicados a actividades no agropecuarias no formados y formados con vigencia del 1 de enero de 2019 y anteriores, tendrán un incremento de 3 % para el 2020, equivalente al 100 % de la meta de inflación proyectada para la vigencia de 2020.
Por lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- expidió el Decreto 2456 del 27 de diciembre de 2018, con el cual reajusta a partir del 1 de enero de 2020 los avalúos catastrales para predios urbanos y rurales en 3 %.
El MinCIT implementó el cronograma de disminución gradual del arancel consolidado de la lista de Concesiones de Colombia ante la organización mundial del comercio –OMC–, para realizar las subpartidas arancelarias que hacen parte del Acuerdo de expansión de tecnologías de la información.