La Dian indica que a cada entidad le corresponde determinar a cuál de los grupos pertenece, y de esta forma establecer la fecha límite para iniciar a expedir factura electrónica de venta de acuerdo con el calendario estipulado en la Resolución 000064 de 2019.
La Superintendencia Financiera de Colombia informa el índice de bursatilidad accionaria para cada una de las acciones que se negocian en bolsa, con base en la transacción por mes y la operación durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2019.
En las copropiedades de uso residencial la revisoría fiscal no es de carácter obligatorio, pero la asamblea puede nombrar de forma voluntaria un revisor fiscal. Este no tendría inhabilidad o incompatibilidad, o algún tipo de restricción para participar en las reuniones de los órganos de administración.
Considerando que mediante la Resolución 2389 de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social integró el sistema general de riesgos laborales –SGRL– al sistema de afiliación transaccional –SAT–, el 5 de noviembre del año en curso la entidad en mención expidió la Resolución 2945, a través de la cual introdujo cambios en lo que respecta a la entrada en funcionamiento del SGRL en el SAT.
Dentro de los cambios efectuados podemos resaltar, entre otras modificaciones, que si se constituye una empresa a partir del 1 de enero de 2020, esta podrá realizar la afiliación de sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales –ARL–, así como el reporte de novedades mediante el SAT. De igual manera, a partir del 6 de febrero de 2020 la ARL también deberán haber reportado al SAT la información de los empleadores y afiliados al SGRL.
La declaración de exequibilidad condicionada ocurre a causa de que el artículo 336 del ET, modificado por el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, indicó que en la depuración de la nueva cédula general solo se podrían imputar costos y gastos a las rentas de capital y rentas no laborales, impidiendo de esta manera hacer lo mismo con las rentas de trabajo que los independientes llevaran a esta misma cédula.
Siguiendo los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, a través de la cual también se limitó tal posibilidad, y el precedente de sentencias emitidas por la Corte Constitucional para rectificar tal situación, determinando que con ello se violaba el principio de equidad establecido en el artículo 95 de la Constitución Política, dicha Corte emitió la nueva Sentencia C-520 de noviembre 5 de 2019 para concluir que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta para efectos de establecer la renta líquida cedular.
El 5 de noviembre de 2019, mediante la Sentencia C-521, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 27 de la Ley de financiamiento, en el cual se encargó de modificar el artículo 242 del Estatuto Tributario –ET–, elevando las tarifas de tributación que se tendrán que aplicar en la cédula de dividendos de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. También declaró exequibles los artículos 36, 37 y 38 de la misma ley en lo relacionado con el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio.
La Corte Constitucional manifestó que, aunque haya gran diferencia entre las tarifas de renta que usarán los trabajadores y las que usarán quienes perciban dividendos, es claro que al ingreso bruto de los asalariados sí les puede restar primero una gran cantidad de valores por ingresos no gravados, deducciones y rentas exentas, algo que no se puede hacer dentro de la cédula de dividendos.
La Superfinanciera divulga el DTF pensional de octubre de 2019 aplicable a los bonos pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 1299 de 1994. Cabe resaltar que para el cálculo del DTF se debe tener en cuenta la variación del índice de precios al consumidor –IPC–.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– recomienda que las modificaciones a la NIC 19 y la CINIIF 23 sean aplicables a partir del 1 de enero de 2020, permitiéndose su entrada en vigor anticipada.
Sin embargo, para que ello sea posible, se requiere que las autoridades de regulación emitan el decreto correspondiente.
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística.
El 30 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-514, la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada la norma del numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET (creado con el artículo 4 de la Ley 1943 de 2018), y en el cual se estipula el nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natural que vende bienes o servicios gravados con IVA pueda operar como no responsable del IVA. La sentencia en mención también declara exequible condicionalmente el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, y sin condicionamientos el artículo 102 de la misma.
La Corte Constitucional manifestó que a la hora de medir ese nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natura opere como no responsable del IVA solo se deberá tomar en cuenta las consignaciones por ventas de bienes gravados con IVA o de servicios gravados con dicho impuesto, lo cual dejaría por fuera otro tipo de consignaciones.