El Ministerio del Trabajo concluye que, en virtud de la celebración de un contrato laboral, las partes pueden estipular el pago del salario en moneda o divisa extranjera, teniendo como referencia la tasa de cambio representativa del mercado.
El Ministerio del Trabajo concluye que la activación de GPS en los celulares suministrados a los trabajadores es permitida, siempre y cuando se encuentre fundamentada sobre la base del respeto a la dignidad de la persona, y siempre que no se viole el derecho a la intimidad y privacidad del trabajador.
El Ministerio del Trabajo realizó una serie de consideraciones respecto a la legalidad de exigir la firma de un título valor en blanco a un trabajador, para que proceda su contratación, con la finalidad de cubrir contingencias a futuro.
El Ministerio del Trabajo precisa que, en toda relación, ya sea laboral, civil o contractual se deben respetar los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, cuando un contratista se sienta vulnerado en sus derechos por el comportamiento de un servidor público, tiene la potestad de acudir al Ministerio Público y exponer el caso.
Mediante la Resolución 000059 de 2019, la Dian reglamenta el Decreto 1370 de 2019, y prescribe el formulario especial 500 para las operaciones de importación al territorio aduanero nacional de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca.
Con el fin de que la implementación del formulario especial 500 no genere traumatismos en las operaciones de las zonas francas con destino al territorio aduanero nacional, la Dian expidió la Resolución 000067 de 2019, donde señala un nuevo período de transición. Este período se extiende hasta el 31 de octubre para la presentación de la declaración especial de importación consolidada de las salidas de mercancía de zona franca que se realicen entre el 1 y 31 de octubre de 2019.
La Superintendencia Financiera de Colombia informa la relación de inversiones que los establecimientos de crédito deben realizar en títulos de desarrollo agropecuario clases “A” y “B” para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2019.
Mediante la Resolución 596 de 2019, la Agencia Nacional de Hidrocarburos establece al cero (0) como factor multiplicador –FMt– para ajustar el porcentaje base del certificado de reembolso tributario –CERT–, vigencia 2019, de los proyectos de más de un (1) año que fueron beneficiados por la distribución inicial del proceso desarrollada en 2018.
Cabe resaltar que el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016 dispuso como incentivo al incremento de las inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos y exploración en minería el otorgamiento de un CERT a los contribuyentes que incrementen dichas inversiones, el cual corresponderá a un porcentaje del valor del incremento. La presente norma entra en vigor a partir de la fecha de su publicación.
El 16 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-481, la Corte Constitucional declaró inexequible en su totalidad la Ley 1943 de 2018 (Ley de financiamiento), pues la Cámara dio luz verde al texto aprobado un día antes por el Senado, sin que se hubiera publicado en la gaceta del Congreso, desconociendo así los principios de publicidad y consecutividad. También se estipula que la declaración de inexequibilidad surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020.
La Corte Constitucional advierte que, en caso de que para el 31 de diciembre de 2019 no se haya promulgado y publicado una nueva ley, para el 2020 los contribuyentes tendrían que enfrentarse a la misma tributación que existía al cierre de 2018.
El CTCP concluyó que el revisor fiscal debe tomar la información financiera de los libros de contabilidad de la entidad y verificar las afirmaciones en la NIA 315 para dictaminar de manera correcta la información financiera de propósito general de dicha entidad. Cabe resaltar que no existe la posibilidad de que un profesional actúe como contador público y revisor fiscal de forma simultánea.
El CTCP concluyó que no existiría restricción para que un funcionario público desempeñe simultáneamente labores de revisoría fiscal en una entidad privada, siempre y cuando el servicio de revisoría se preste en horario no laboral y no audite o controle en su carácter de funcionario público o de revisor fiscal la entidad privada donde está vinculado.