Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Francisco Miranda es urgente reformar la Dian a través de un proceso de modernización.
Rosa González y Julián López opinan que se debe incentivar el pago de impuestos.
Llevar el nivel de recaudo tributario al promedio de la OCDE tendría efectos macroeconómicos mayores.
José Andrés Romero, director de la Dian, manifestó el 6 de junio de 2020 que la economía nacional está pasando por un mal momento, por lo que se verán menos ingresos tanto en IVA como en impuestos al consumo, a la gasolina, a las transacciones financieras y, en general, en todas aquellas actividades relacionadas con operaciones dentro de la economía, lo que se vería reflejado en una fuerte caída en el recaudo tributario.
En entrevista con Semana, Romero indicaba que los cálculos de la entidad eran de 15,7 billones de pesos, pero al día de hoy la cifra se incrementaría a 24 billones de pesos, debido a los más recientes beneficios tributarios aprobados para que las empresas no se quiebren.
Frente a este tema, Francisco Miranda Hamburger, director de Portafolio, en su editorial del 25 de junio de 2020 titulado Del papel a la realidad, indica que Colombia está urgida de reformar a la Dian.
«El país cuenta actualmente con un recaudo tributario en promedio 1,5 puntos del PIB menor frente a las demás economías de América Latina. Una de las metas de este plan es el aumento del recaudo general de 13,8 % del PIB al 14,2 % en los primeros tres años de su implementación», dice.
En tiempos de pandemia, cuando hay un temor fundado en la disparada del déficit fiscal en los próximos años, la mejora y eficiencia en el recaudo de impuestos se convierte en una herramienta de mucha utilidad para reducir un poco la brecha entre los gastos y los ingresos del Estado.
Para él, la modernización de la Dian es todo un reto: pasar del papel del documento Conpes a la realidad de una entidad transformada en un lustro.
Rosa González, Ph. D., profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y Julián López, profesor cátedra de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, afirman en entrevista con Actualícese que consideran que la Dian hoy por hoy debe poner atención a dos temas.
«En primer lugar, identificar la sensibilidad del posible impacto del COVID-19 en diferentes categorías de contribuyentes y, por otro lado, garantizar una comunicación clara y directa con los contribuyentes», afirman.
En el primer tema, dicen, es innegable la necesidad de diversas categorías de contribuyentes para tener alivios, pero se requiere un trabajo proactivo de la entidad para que la identificación no solo venga de la iniciativa del contribuyente o de su capacidad de poner el tema en los medios de comunicación.
«En este sentido, la Dian tiene un gran reto para establecer la forma adecuada de brindar alivios según las necesidades de los contribuyentes», piensan.
Frente al segundo tema, la Dian debe realizar un ejercicio juicioso de análisis de la información de los contribuyentes para remitir información pertinente en los clásicos oficios persuasivos, ya que en el caso de los contribuyentes no afectados por la emergencia se debe incentivar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que en el caso de los contribuyentes afectados se deben informar las alternativas de alivio y cumplimiento de las obligaciones.
La pandemia puede ser la mejor excusa para cobrarle un impuesto a los millonarios y milmillonarios de los países de América Latina. Este es el punto de vista expuesto por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica –Celag– en su informe ¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América Latina?
El informe indica que, en América Latina, solo Argentina, Colombia y Uruguay mantienen tributos nacionales vigentes que gravan el patrimonio. El impuesto a los bienes personales de Argentina y el impuesto al patrimonio de Colombia y Uruguay son los que presentan los mayores niveles de recaudación.
«Un impuesto que tenga por objetivo gravar las grandes fortunas puede tomar como base las características del tributo colombiano (mínimo no imponible en torno a USD 1,2 millones) y uruguayo (grava a personas físicas y jurídicas para evitar la elusión vía empresas fantasmas)», indica el informe.
En nuestro país, según el informe, la Dian estima que un impuesto teórico a las fortunas mayores de 1 millón de dólares podría recaudar alrededor de 5.500 millones de dólares (1,65 % del PIB); «tomando una alícuota de referencia de 2,5 %, este tributo implicaría un aumento del 8 % de los ingresos tributarios».
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana en su informe El costo y la factibilidad de la renta básica en Colombia indica lo siguiente:
«La erradicación de la pobreza extrema en Colombia requeriría un esfuerzo fiscal mínimo en casi todos los escenarios plausibles: apenas con aumentar el recaudo tributario del país hasta llegar al promedio latinoamericano, se podría obtener 2 % del PIB en ingresos tributarios adicionales, lo suficiente para cumplir con esta meta. Es difícil argumentar que un aumento del recaudo tributario de este nivel cause grandes distorsiones económicas en equilibrio general».
Si Colombia llevara su nivel de recaudo tributario al de la OCDE, el presupuesto del Gobierno aumentaría alrededor de 14 puntos porcentuales del PIB; es decir, unos 150 billones de pesos más al año.
A este nivel, se podría hablar de un ingreso mínimo garantizado de más de $900,000 para cada mayor de 18 años, es decir, alrededor del salario mínimo.
Llevar el nivel de recaudo tributario al nivel promedio de la OCDE podría tener efectos macroeconómicos mayores que llevar el nivel de recaudo al promedio latinoamericano, que ameritarían un estudio adicional antes de tomar esta medida.
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