Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gobierno nacional indica en el Decreto Ley 553 de 2020 que se evidencian aproximadamente 1.146.000 nuevos cesantes a causa del COVID-19.
Para Fedesarrollo, en un pésimo escenario el desempleo podría llegar este año al 20,5 %, lo que se traduce en 2,5 millones de nuevos desempleados.
El Decreto Ley 553 del 15 de abril de 2020 entrega una cifra preocupante que se podría alcanzar en el número de desempleos para este año en Colombia.
Según las proyecciones realizadas teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos por parte de las 43 cajas de compensación familiar, con saldos de recursos no ejecutados a 2020, y proyecciones de apropiación de la vigencia actual, las cajas de compensación familiar logran tener una cobertura de 137.000 cesantes con beneficios, representando $338.878.501.325.
Sin embargo, indica el decreto, que teniendo en cuenta los cálculos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, “se evidencia aproximadamente 1’146.000 nuevos cesantes a causa de pandemia”, lo que exige $3.735.785.387.754 de recursos en las 43 cajas de compensación para contener los efectos del desempleo.
Por su parte, Fedesarrollo, el martes 21 de abril de 2020, explicó que, si se llegara a presentar un escenario con una débil recuperación del consumo privado en lo que queda del año, el PIB podría caer a un 7,9 % en 2020 y el desempleo podría llegar este año al 20,5 %, lo que se traduce en 2,5 millones de nuevos desempleados.
«Se hace necesario apalancar y disponer de una fuente de recursos adicional a los aportes parafiscales que administran las cajas de compensación familiar, desde los recursos de la Nación transferidos al Ministerio del Trabajo, para lograr amortiguar los efectos del desempleo causados por la prevención del COVID-19», indica el decreto.
Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, afirma en entrevista con Actualícese que se prevé un contexto de recesión económica posterior a la pandemia, que en cálculos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– significará la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo a nivel global.
«Lo anterior permite anticipar la demanda de profundización y focalización de políticas activas de empleo y la adaptación del sistema laboral al nuevo contexto, que requerirá incentivos específicos a la contratación laboral, disminuyendo costos fiscales y de aportes a la seguridad social sobre la nómina», afirma.
Por su parte, Jairo Enrique Santander, economista, profesor asistente de la Universidad de Los Andes y miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo –Cider–, indica en Actualícese que tendremos un impacto muy importante tanto en la economía como en el empleo.
«Desde ya se deben estar proyectando los planes de recuperación económica, que creo son tan o hasta más importantes que los de contención», indica.
Para él, hay una necesidad apremiante de canalizar recursos hacia el sector real de la economía, lo que implica que el Gobierno debe estar considerando medidas más directas de intervención vía gasto público, acelerar gastos de infraestructura proyectados y revisar nuevamente su plan de recortes.
«No basta con llenar de liquidez los mercados financieros, es hora de actuar en el sector real. La reactivación del consumo es por vía ingreso, no vía crédito. Creo que por ese camino no vamos bien. No puede ser que a las personas solo las veamos como consumidores y no como productores», asegura Santander, quien enfatiza que se debe empezar con un plan real de formalización del empleo público.
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