Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Jorge Espitia dice que propuesta de reforma tributaria no recoge la recomendación de incluir los ingresos no constitutivos de renta de personas naturales y jurídicas en los cálculos del gasto tributario.
Tampoco se presentan cambios significativos en exenciones para personas jurídicas.
Jorge Enrique Espitia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, columnista en temas de hacienda pública, analiza algunas de las propuestas que tiene en mente el Gobierno nacional a través de la reforma tributaria. Afirma que las exenciones entregadas a las empresas no cuentan con ningún tipo de evaluación sobre su impacto en el empleo o en el crecimiento económico.
El Gobierno tiene esa estrategia de venta de la reforma fiscal (impuestos, gasto, regla fiscal) en un período preelectoral. El partido de Gobierno, como el resto de partidos, están en campaña electoral y su rol hacia la ciudadanía es un factor que los puede afectar.
Los apoyos van a tener dos escenarios: uno a puerta cerrada y otro en la “tarima” pública. Las famiempresas electorales no pueden perder las ayudas financieras otorgadas por la administración y mucho menos los de las grandes y medianas empresas, así como de los grandes contribuyentes. El Gobierno nacional sabe moverse en esas tablas, así como la clase política.
La ciudadanía tiene reservas sobre la administración, pues un buen conglomerado de ellas se ha vista golpeada con la pandemia en lo económico, social y salud. El hambre ha tocado muchas de sus puertas. Al contrario, muchos ciudadanos ven como sus alcaldes, funcionarios y contratistas, en plena crisis económica y social tienen mejoras sustanciales en su calidad de vida: carros nuevos, nuevas viviendas, nuevas fincas y casas de campo, entre otros. ¿Cómo lo hacen?, se preguntan.
A pesar de todo ello, muchos se ilusionan con poder tener acceso a esos programas. Le tienen una vela prendida a la virgen para que alguna de esas ayudas les llegue. Algo es algo, peor es nada, le dicen a uno.
De acuerdo con los cálculos que hemos realizado, hay un grupo importante, cerca del 50 % de los hogares que han recibido el Ingreso Solidario, Familias en Acción, Adulto Mayor o la devolución del IVA, familias que no se encuentran en la pobreza. ¿Cuál es la razón para que ello suceda? ¿Qué pasa con los registros administrativos? ¿Cómo se hace esa selección para acceder a los programas? Son algunas de las preguntas que hacen los ciudadanos.
Ampliar los registros fiscales-administrativos de las personas naturales es acertado, más aún cuando los otros sistemas administrativos de información presentan grandes falencias sobre los niveles de ingreso de las personas y de las familias. Ese es un aspecto.
Ahora bien, gravar las rentas de todas las personas naturales por igual no sería justo en un marco de justicia tributaria (los que tienen el mismo ingreso pagan lo mismo y los que más tienen más pagan), más aún cuando existen grandes diferencias en los ingresos percibidos.
Los niveles de ingreso bruto promedio mensual declarado por las personas naturales para el año 2018 que pertenecen al 10 % más rico (decil 10) fue de 1.500 UVT. Entre tanto, para el 1 % más rico, este mismo ingreso, fue de 6.500 UVT y de unas 30.000 UVT para el 1 % más rico.
Si con base en esta distribución del ingreso, los mismos se gravan de manera justa, la ampliación de la base es necesaria; pero si los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y los beneficios fiscales, elementos que erosionan la base gravable, permiten que la tarifa efectiva sea mayor para los de menos ingresos respecto al uno por ciento o al uno por mil, haría injusto el sistema tributario.
Es importante señalar que, con base en los registros de la Dian, en 2018, el número de personas que presentó declaración de renta ascendió a 3.300.000 personas. El decil más rico estaría compuesto por unas 330.000 personas naturales, los cuales concentran cerca del 51 % del ingreso bruto declarado.
El 1 % más rico comprende 33.000 personas y concentran el 25 % del ingreso total y el 1 por mil que son 3.300 declarantes concentran el 11 % del ingreso declarado.
En este orden de ideas, es posible vislumbrar algunos posibles impactos de la reforma tributaria en cuanto al manejo de los ingresos no constitutivos de renta -INCR- donde la reforma tributaria propuesta no recoge la recomendación de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios de incluir los INCR de las personas naturales y de las personas jurídicas en los cálculos del gasto tributario.
En cuanto al impuesto al patrimonio de las personas naturales, el patrimonio líquido del 1 % más rico del país comienza en 2.500 millones de pesos por declaración y, a partir de allí, se debería comenzar a gravar el patrimonio mediante tarifas progresivas. El ser “deducible del impuesto de renta” deja un hueco fiscal de más de 6 billones de pesos a la próxima administración.
Sobre el IVA, el aumento, directo e indirecto, va a ser marginal en los hogares de altos ingresos. En un ejercicio de micro simulación se observó que el impacto de un IVA generalizado del 19 % sobre la canasta familiar, representaría un 24 % del ingreso de los hogares en pobreza y tan sólo un 11 % del ingreso de la clase alta y un 7 % de los más ricos de esa clase. En ese orden de ideas, el impacto de los cambios en el IVA va a ser sumamente importante en los hogares de clase media, así como hogares en vulnerabilidad y pobreza.
Ha existido un debate importante sobre los beneficios fiscales que las personas jurídicas reciben por la vía de los ingresos no constitutivos de renta (INCR igual a 40 billones de pesos que liquidadas a una tarifa del 33 % representaría cerca de 13 billones de pesos al año), rentas exentas (13 billones de pesos que al 33 % el recaudo ascendería a 4 billones de pesos) y descuentos tributarios (5 billones de pesos en 2019). Aquí no se presentan cambios significativos.
En Colombia hay cerca de 400 mil pensionados que presentan declaración de renta, de los cuales, unos 400 tienen un ingreso mensual superior a los 30 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con la última Gran Encuesta Integrada de Hogares, el número de hogares que tienen un ingreso laboral superior a los 10 millones de pesos mensuales suman 62.000. Las personas naturales que declaran un ingreso laboral bruto superior a los 10 millones de pesos son unas 200 mil.
Estas propuestas demuestran la gran necesidad que tiene el Gobierno nacional por obtener recursos frescos por la vía tributaria para atender la coyuntura fiscal.
Al dejar por fuera, los ingresos no constitutivos de renta de los beneficios fiscales quedan en evidencia que las recomendaciones son, al fin y al cabo, recomendaciones, se acogen o no, y el Gobierno nacional prefiere mantener los “derechos adquiridos”.
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