Mejorar el recaudo tributario depende de estrategias que se implementen para reducir costos fiscales

Se debe prestar atención a los costos fiscales de deducciones y exenciones a personas naturales y jurídicas en IVA, renta, carbono y gasolina.

El nivel de recaudo del país, cercano al 0,6 % del PIB, podría incrementarse si se reducen costos fiscales asociados a los impuestos de carbono y gasolina.

Las perspectivas fiscales reflejan un panorama complejo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en la medida en que el ajuste requerido por el Gobierno de 2,0 % del PIB es superior al alcanzado por las últimas reformas.

En su más reciente edición de Banca & Economía, del 21 de julio de 2020, titulada Perspectivas fiscales ante el COVID-19, Asobancaria resalta las estrategias que se tendrían que llevar a cabo para reacomodar el entorno fiscal.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda todavía está evaluando las estrategias que llevarían a incrementar los ingresos corrientes de la nación, a la vez que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP– de 2020 se menciona que la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios emitirá recomendaciones en esta materia.

Vuelve y juega el tema de las exenciones y beneficios tributarios

Dicha estrategia y modificaciones al Estatuto Tributario deberán tener en cuenta los estimativos que anualmente se presentan en dicho marco sobre los costos fiscales que generan las deducciones, exenciones y tratamientos especiales tanto a personas naturales como jurídicas en impuestos como el de renta, carbono, gasolina e IVA, pues estos evidencian el potencial de mejora en el recaudo.

«Al respecto, en el MFMP de 2019 se estableció que el costo fiscal de los impuestos antes mencionados para el año gravable 2018 bordeó los 80,3 billones de pesos (8,1 % del PIB), de los cuales 67,3 billones (83,3 % del total) correspondían a IVA, 12,5 billones a renta, 0,3 billones al tributo sobre el carbono y 0,2 billones al de gasolina y ACPM», indica el informe.

IVA e impuesto de renta

Por su parte, en el MFMP 2020 se evidenció que el costo fiscal de los tratamientos preferenciales del IVA para el año gravable 2019 alcanzó los 74,9 billones de pesos (7,1 % del PIB), cifra que superó en 7,6 billones al observado en 2018.

Frente al costo fiscal del impuesto de renta, dado que en el marco de la coyuntura la Dian decidió postergar las fechas estipuladas para la presentación de la declaración de renta para personas jurídicas, solo hasta que se retome dicho proceso podrá cuantificarse el costo para el año gravable 2019.

Sin embargo, Asobancaria trae a colación los registros obtenidos para el año gravable 2018, para así vislumbrar la magnitud del impacto fiscal que han tenido los impuestos por este concepto.

«Durante ese año se generó un costo fiscal por cerca de 12,5 billones de pesos (1,3 % del PIB) para el total de los declarantes, distribuidos en 6,3 billones para personas jurídicas y 6,1 billones para personas naturales. Dentro del monto de costos fiscales de renta también se destacan los 10,2 billones generados por la utilización de rentas exentas, 1,4 billones de descuentos tributarios y 0,9 billones de deducciones por inversión en activos fijos de personas jurídicas que tenían contratos de estabilidad jurídica», analiza la entidad.

Del rubro de mayor importancia dentro del total de costos, rentas exentas, el 56,8 % del impacto estuvo constituido por personas naturales (5,8 billones de pesos), en su mayoría asalariados, mientras que el restante se vio explicado por el costo fiscal que generaron las personas jurídicas (4,4 billones), de las cuales la mayoría correspondían al régimen contribuyente.

Hora de incrementar el recaudo tributario

Sumado a lo anterior, fuentes de financiamiento alternativo, como los ingresos verdes, también deberán considerarse en el trámite de la reforma fiscal, como lo expone el MFMP de 2020.

Particularmente, el nivel de recaudo reportado por el país, cercano al 0,6 % del PIB, podría incrementarse hasta el nivel promedio de Latinoamérica (1,1 %), si se reduce parte de los costos fiscales asociados a los impuestos de carbono y gasolina, que para el año gravable 2019 bordearon el 0,4 % del PIB.

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