Etiqueta: agosto 23 2018

La Superintendencia Financiera de Colombia informa las modificaciones que se presentaron del 9 al 30 de julio de 2018, en los portafolios de referencia de los tipos de fondos de pensiones obligatorias y del portafolio de largo plazo del fondo de cesantía.

La Superfinanciera reitera que en los procesos de vinculación de colombianos residentes en el extranjero que se encuentren en situación de retorno, podrán tener en cuenta para dicho propósito, el certificado emitido por la “Comisión Intersectorial para el Retorno”.

La Superfinanciera divulga el DTF pensional de junio de 2018 aplicable a los bonos pensionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 1299 de 1994. Cabe resaltar que para el cálculo del DTF se debe tener en cuenta la variación del índice de precios al consumidor –IPC–

La Superintendencia Financiera de Colombia informa que la rentabilidad del mes de junio de 2018 a tener en cuenta para el traslado de los recursos pensionales del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad es del -0,35 % efectivo mensual.

La Superintendencia Financiera informa la rentabilidad mínima obligatoria de los portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantías, y de los tipos de fondos de pensiones obligatorias al 31 de julio de 2018.

La adopción del Sistema Globalmente Armonizado por parte de las empresas en las que se manipulan sustancias químicas peligrosas representa una acción de prevención y promoción de las que trata la Ley 1562 de 2012, por lo anterior el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos –SGA– para la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos.
Lo dispuesto en la presente norma aplicará a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, en todas las actividades económicas que realicen tales como la extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y los diferentes usos de productos químicos que tengan al menos una de las características de peligro de acuerdo con los criterios del SGA.

Mediante Resolución 3310 de 2018 la cual deroga el artículo 1° de la Resolución número 3796 de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al sistema de riesgos laborales, el cual entrara en vigor el último día hábil del mes de octubre del presente año.
La adopción del Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al sistema de riesgos laborales obedece a la creación de tipos y subtipos de afiliados, así mismo para facilitar la vinculación de los estudiantes que hacen parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura en el sector público.

Mediante la presente norma, el Gobierno nacional busca regular las prácticas laborales en el sector público y privado para los estudiantes de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores o de educación superior de pregrado, que desarrollan actividades de práctica laboral.
La presente norma estipula que la práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio; en el cual participan tres agentes: el estudiante, el escenario de práctica y la Institución de Educación
Las practicas pueden ser con reconocimiento de auxilio o gratuitas; en caso de pactarse un auxilio este deberá corresponder como mínimo al 100% del Smmlv

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la forma de entregar las facturas de servicios públicos domiciliarios será la que se determine por las partes en los contratos de condiciones uniformes o en sus modificaciones, existiendo la posibilidad de que se facture electrónicamente.

Mediante la presente sentencia, la Corte Constitucional recordó las consecuencias derivadas de la falta de afiliación de los trabajadores al sistema pensional, lo cual pondría en riesgo los derechos fundamentales de estos tales como el mínimo vital, la dignidad humana, entre otros.

Mediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que para que los certificados expedidos por el contador público o el revisor fiscal sean válidos, deben llevar al convencimiento del hecho a demostrar y estar sujetos a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo, concluye que el emplazamiento pierde sustento cuando se profiere luego de que se ha practicado la inspección tributaria, pues en ese momento la administración ya tiene elementos probatorios.