Mediante la Ley 2010 de 2019, el Gobierno nacional realizó ciertas modificaciones a las normas del Código Penal que sancionan la omisión de activos, la defraudación y la promoción de estructuras de evasión tributaria.
Se incluyen sanciones penales en contra de los contribuyentes, de 36 a 60 meses.
Se busca modificar el artículo 300 del Código Penal, y así aplicar una pena ejemplarizante y real, con multas de hasta $600.000.000 y con un máximo de 9 años de cárcel. La justicia penal no registra ninguna sentencia condenatoria por este delito desde la entrada en vigor del Código Penal actual.