Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aunque no existe normatividad expresa que genere inhabilidad acerca de la aceptación del cargo de revisor fiscal por parte de un profesional que trabaja junto con el administrador en otra copropiedad, es responsabilidad del contador público evaluar las posibles amenazas que puedan materializarse al momento de aceptar la designación de revisor fiscal de la copropiedad.
Considerando que de acuerdo con la Ley 675 de 2001 las copropiedades están obligadas a llevar contabilidad, estás deben aplicar los nuevos marcos técnicos normativos dependiendo del grupo en el cual se encuentren clasificadas. En el caso de las copropiedades de uso residencial, es probable que deban ser clasificadas en el grupo 3, el cual está conformado por principios contables cuya base de medición es el costo histórico y requiere solo la presentación de un balance y un estado de resultados junto con sus notas. Las simplificaciones para el reconocimiento, medición, presentación y revelación contenidas en este marco de principios, que ha considerado las distintas necesidades de los usuarios y restricciones de costo-beneficio en las microempresas, se supone que facilitan el tránsito del marco de principios anterior y el nuevo marco de información financiera. Así mismo, cabe señalar que en este caso es mas apropiado referirse a un marco de principios simplificado y no a las normas internacionales de información financiera.
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