Etiqueta: enero 23 2018

La garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio comprende también su entrega o la realización oportuna del servicio para el cual se contrató. Es decir, la garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer la necesidad que se tenía cuando este se adquirió. En consecuencia, la garantía inicia desde el momento mismo en que se realiza el contrato, y radica en la posibilidad de poder obligar al vendedor o al prestador del servicio a que entregue el bien o que realice el trabajo para el cual fue contratado. Es importante recalcar que la efectividad de la garantía no solo se suscribe a la calidad del objeto vendido o del servicio prestado, sino también al cumplimiento de los términos y condiciones pactados desde el momento mismo en que se realizó el contrato, términos dentro de los cuales naturalmente se encuentra la oportunidad en la entrega del bien o en la prestación del servicio, pues la no entrega o prestación, o aun la simple dilación, constituyen una vulneración a los intereses legítimos de los consumidores en la medida en que no ven colmadas sus expectativas ni satisfechas las necesidades para las cuales se efectuó la compra.

El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente e inicia con la entrega del producto; a falta de este, será el anunciado por el productor o proveedor. Es importante tener en cuenta que la garantía es una obligación de carácter temporal, esto es, que no es indefinida en el tiempo; por ello, en casos de inconformidad por parte del consumidor en cuanto al no cubrimiento de la garantía, corresponderá a la autoridad jurisdiccional verificar si para la efectividad de la misma esta fue solicitada durante su vigencia, pues la consecuencia de no haber agotado el requisito sujetándose a las condiciones de temporalidad previstas para el contrato suscrito entre el consumidor y el proveedor derivará inevitablemente en la inexistencia de obligaciones en cabeza del productor o proveedor respecto de los defectos de calidad alegados.

La primera etapa de transformación, en el marco de las actividades de producción agropecuaria, es la desarrollada directamente por el agricultor para producir bienes alimenticios que no han sufrido ninguna transformación. En consecuencia, las actividades consistentes en la limpieza de lotes rurales para el cultivo de caña y la nivelación de predios rurales para el cultivo de caña solo podrían considerarse inmersas en la prohibición del artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986 (que señala que subsiste para los departamentos y municipios la prohibición de “gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea”) si son realizadas por el productor primario, pues la prohibición de gravar no se hace extensiva a terceros que presten estos servicios.

De acuerdo con el artículo 818 del ET, aplicable por las entidades territoriales en virtud de la remisión que a esa norma hace el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe, entre otras cosas, por la notificación del mandamiento de pago y por el otorgamiento de facilidades de pago. Señala igualmente y de manera expresa que una vez notificado el mandamiento de pago “el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”, lo que necesariamente implica que la administración cuenta nuevamente con el término de cinco años a que hace referencia el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional para finalizar las actuaciones propias del proceso de cobro.

El CTCP precisa que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o período gravable.

El CTCP recuerda que dentro del desarrollo de las actividades asociadas a la práctica contable, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar un conflicto de intereses. Dicha circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales.

El CTCP señala que una reserva representa recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o excedente con el fin de satisfacer requerimiento legales, estatutarios u ocasiones; igualmente describe el tratamiento contable que debe darse a las mismas.

El CTCP precisa que las utilidades susceptibles de ser distribuidas corresponden a las utilidades líquidas, es decir, la utilidad después de impuestos una vez constituidas las reservas legales, estatutarias y ocasionales de los estados financieros individuales.